{"id":527,"date":"2017-03-20T15:33:06","date_gmt":"2017-03-20T15:33:06","guid":{"rendered":"http:\/\/roundone.cmsmasters.net\/?p=527"},"modified":"2019-09-15T15:49:09","modified_gmt":"2019-09-15T15:49:09","slug":"la-reforma-del-delito-fiscal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/simancas-aa.com\/?p=527","title":{"rendered":"La Reforma del delito fiscal operada por la Ley Org\u00e1nica 7\/2012, de 27 de diciembre."},"content":{"rendered":"

1.- INTRODUCCI\u00d3N.<\/b><\/span><\/span><\/p>\n

En primer lugar, el presente trabajo tiene por objeto el estudio y an\u00e1lisis del art\u00edculo 305 modificado y art\u00edculo 305 bis a\u00f1adido, de la Ley Org\u00e1nica 7\/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Org\u00e1nica 10\/1995, de 23 de noviembre, del C\u00f3digo Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social.<\/span><\/span><\/p>\n

Por tanto, a\u00fan cuando el t\u00edtulo XIV refiere \u201cDe los Delitos contra la Hacienda P\u00fablica y contra la Seguridad Social\u201d este trabajo examina, \u00fanicamente, el \u201cDelito Fiscal\u201d.<\/span><\/span><\/p>\n

Si bien, para realizar esta primera aproximaci\u00f3n al \u201cdelito fiscal\u201d y las \u201cmodificaciones\u201d operadas por la vigente reforma de nuestro C\u00f3digo Penal, se ha procedido a desarrollar para su estudio un \u201citer\u201d que permita la concepci\u00f3n objetiva del t\u00e9rmino.<\/span><\/span><\/p>\n

Iniciamos, pues, nuestro estudio con una previa enumeraci\u00f3n (no exhaustiva, pero si fundamental) de los antecedentes legislativos operados en relaci\u00f3n al \u201cdelito fiscal\u201d.<\/span><\/span><\/p>\n

Es obvio y necesario recoger los motivos que inspira la reforma del vigente C\u00f3digo Penal, en la materia estudiada, por lo que se procede a efectuar una s\u00edntesis de la exposici\u00f3n de motivos (pre\u00e1mbulo) recogido en la reforma.<\/span><\/span><\/p>\n

En base a lo anterior, entraremos en profundidad al estudio y an\u00e1lisis del art\u00edculo 305, 305 bis y 306 del C\u00f3digo Penal, en todo lo referente a las modificaciones y a\u00f1adidos que operan y, que entraron en vigor en la fecha de 17 de enero de 2013, de acuerdo con la Disposici\u00f3n Final Segunda de la Ley Org\u00e1nica 7\/2012, de 27 de diciembre: \u201cEntrada en vigor. La presente Ley Org\u00e1nica entrar\u00e1 en vigor a los veinte d\u00edas de su completa publicaci\u00f3n en el \u201cBolet\u00edn Oficial del Estado\u201d<\/i> (Bolet\u00edn Oficial del Estado, n\u00famero 312, de fecha de 28 de diciembre de 2012).<\/span><\/span><\/p>\n

A continuaci\u00f3n, analizaremos brevemente el art\u00edculo 310 bis del C\u00f3digo Penal.<\/span><\/span><\/p>\n

Este estudio pretende, en la medida de lo posible provocar al lector, una serie de reflexiones, al poner de manifiesto (desde esta humilde posici\u00f3n) algunas conclusiones sobre la vigente reforma del delito fiscal.<\/span><\/span><\/p>\n

Y, en segundo lugar, que antes de iniciar el desarrollo de los apartados se\u00f1alados es necesario, al menos, definir el concepto de derecho penal, tanto desde el punto de vista objetivo, como subjetivo.<\/span><\/span><\/p>\n

As\u00ed, \u201cEn sentido objetivo, el Derecho penal es el conjunto de normas jur\u00eddicas establecidas por el Estado, que determina los delitos y las penas\u201d (Cuello Cal\u00f3n, Eugenio: Tratado de Derecho Penal) y \u201cEl Derecho penal es, en sentido subjetivo, el derecho de castigar (ius<\/i> puniendi<\/i>), el derecho del Estado a conminar la ejecuci\u00f3n de ciertos hechos (delitos) con penas y en su caso de su comisi\u00f3n a imponerlas y ejecutarlas\u201d (Cuello Cal\u00f3n, Eugenio: Tratado de Derecho Penal).<\/span><\/span><\/p>\n

Estas expresiones nos muestran que dentro de la primera est\u00e1 el fundamento del derecho positivo y en la segunda est\u00e1 el fundamento filos\u00f3fico del derecho penal (Serrano Rodr\u00edguez, Manuel: Estudios Penales. Recopilaci\u00f3n II).<\/span><\/span><\/p>\n

Fijada la definici\u00f3n de Derecho Penal (o mas bien una de ellas) el C\u00f3digo Penal ocupa un lugar preeminente en el conjunto del ordenamiento jur\u00eddico, ya que el mismo tutela los valores y principios b\u00e1sicos de la convivencia social.<\/span><\/span><\/p>\n

\u201cPor tanto, cabe considerarlo como aqu\u00e9lla parte del ordenamiento jur\u00eddico que se integra por las normas jur\u00eddicas reguladoras del poder punitivo del Estado, llamado ius puniendi<\/i>. En cualquier caso (si bien), el contenido del Derecho Penal se determina tanto por el hecho delictivo como por su consecuencia sancionadora, incluyendo al delincuente y, c\u00f3mo no, a la v\u00edctima\u2026\u201d (Escrihuela Chumilla, F. Javier: Todo Penal 2011)<\/span><\/span><\/p>\n

En consecuencia, tambi\u00e9n el t\u00edtulo preliminar del C\u00f3digo Penal \u201cDe las garant\u00edas penales y de la aplicaci\u00f3n de la ley penal\u201d exige \u201c art\u00edculo 1.- No ser\u00e1 castigada ninguna acci\u00f3n ni omisi\u00f3n que no est\u00e9 prevista como delito o falta por ley anterior a su perpetraci\u00f3n\u2026<\/i>\u201d y \u201cart\u00edculo 2.1.- No <\/i><\/span><\/span><\/p>\n

ser\u00e1 castigado ning\u00fan delito ni falta que no se halle prevista por la ley anterior a su perpetraci\u00f3n\u2026<\/i>\u201d. Esta posici\u00f3n se consagra, en concordancia con el art\u00edculo 25.1 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola, relativo al principio de legalidad (garant\u00eda penal) formulado por Feuerbach bajo el aforismo \u201c\u201dNullum crimen, nulla poena, sine lege\u201d <\/i>principio que la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola garantiza en el art\u00edculo 9.3 \u201cLa Constituci\u00f3n garantiza el principio de legalidad, la jerarqu\u00eda normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jur\u00eddica, la responsabilidad y la interdicci\u00f3n de la arbitrariedad de los poderes p\u00fablicos.<\/i>\u201d<\/span><\/span><\/p>\n

El art\u00edculo 31 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola establece la obligaci\u00f3n de tributar que recae sobre todos los ciudadanos, al determinar que \u201c1.- Todos contribuir\u00e1n al sostenimiento de los gastos p\u00fablicos de acuerdo con su capacidad econ\u00f3mica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ning\u00fan caso, tendr\u00e1 alcance confiscatorio<\/i>.\u201d<\/span><\/span><\/p>\n

Cualquier fraude tributario supone un atentado no s\u00f3lo contra el orden econ\u00f3mico sino esencialmente contra los principios constitucionales que imponen la contribuci\u00f3n de todos al sostenimiento de los servicios sociales y las cargas p\u00fablicas.<\/span><\/span><\/p>\n

La necesidad de preserva el cumplimiento constitucional provoca el nacimiento del derecho tributario sancionador, tanto en su vertiente penal como en el \u00e1mbito administrativo.<\/span><\/span><\/p>\n

La intervenci\u00f3n del Derecho Penal (tipo penal en blanco) configura el quantum <\/i>defraudatorio como elemento diferenciador entre el delito fiscal y la infracci\u00f3n administrativa.<\/span><\/span><\/p>\n

En definitiva, como se\u00f1ala la Sentencia 76\/1990, de 26 de abril, del Tribunal Constitucional, la \u201clucha contra el fraude fiscal es un fin y un mandato que la Constituci\u00f3n impone a todos los poderes p\u00fablicos, singularmente al legislador y a los \u00f3rganos de la Administraci\u00f3n tributaria<\/i>\u201d. Es decir, \u201cno es, pues una opci\u00f3n que quede a la libre disponibilidad del legislador y de la Administraci\u00f3n, sino que, por el contrario, es una exigencia inherente a \u201cun sistema tributario justo\u201d como<\/i><\/span><\/span><\/p>\n

el que la Constituci\u00f3n programa en el art\u00edculo 31.1<\/i>\u201d.<\/span><\/span><\/p>\n

2.- ANTECEDENTES LEGISLATIVOS.<\/b><\/span><\/span><\/p>\n

2.1. Evoluci\u00f3n hist\u00f3rica del delito fiscal<\/b>.<\/span><\/span><\/p>\n

– El antecedente legislativo del delito de defraudaci\u00f3n tributaria (com\u00fanmente conocido como delito fiscal, y en adelante, as\u00ed lo trataremos) se encuentra en el C\u00f3digo Penal de 1.822, regul\u00e1ndose por primera vez dentro del t\u00edtulo VIII, bajo el ep\u00edgrafe \u201cDe los que reh\u00fasan al Estado los servicios que le deben\u201d, en Cap\u00edtulo \u00fanico, en los art\u00edculos 573 a 575.<\/span><\/span><\/p>\n

Los art\u00edculos 573 y 575 contemplaban supuestos de negativa de pago y falsedad, mientras que el art\u00edculo 574 se dedicaba al fraude, consider\u00e1ndose como el verdadero antecedente del delito fiscal.<\/span><\/span><\/p>\n

– Al producirse la reacci\u00f3n absolutista fueron derogadas todas las leyes aprobadas por las Cortes durante el per\u00edodo constitucional y qued\u00f3, por tanto, sin valor el C\u00f3digo Penal de 1.822 si bien en el reinado de Fernando VII se promulga la Ley de 3 de mayo de 1.830 que regula por primera vez de forma conjunta el contrabando y la defraudaci\u00f3n.<\/span><\/span><\/p>\n

– El C\u00f3digo Penal de 1.840 y la reforma de 1.850 excluyen el delito de defraudaci\u00f3n a la Hacienda P\u00fablica; si bien, se aprueba el Real Decreto de 20 de junio de 1852 sobre jurisdicci\u00f3n de Hacienda y represi\u00f3n de los delitos de contrabando y defraudaci\u00f3n que recoge tres supuestos de fraude fiscal: a) no presentar declaraci\u00f3n ante la Administraci\u00f3n despu\u00e9s de ser requerido por \u00e9sta; b) la ocultaci\u00f3n de rentas, propiedades o utilidades; c) realizar falsificaciones con el objeto de ocultar o disminuir la cuota tributaria.<\/span><\/span><\/p>\n

– El C\u00f3digo Penal de 1.870 recoge, nuevamente, el delito de defraudaci\u00f3n tributaria en el T\u00edtulo II, Cap\u00edtulo VI, bajo la r\u00fabrica \u201cDe la ocultaci\u00f3n fraudulenta de bienes o industria, del falso testimonio y de la acusaci\u00f3n o denuncias falsas\u201d, en el art\u00edculo 331.<\/span><\/span><\/p>\n

– El C\u00f3digo Penal de 1.928, fue promulgado por la Real Orden de 8 de septiembre de 1.928. En cuanto a su teor\u00eda fundamental se diferencia claramente de los de 1.840 y 1.870. En el T\u00edtulo IV relativo a las falsedades, cap\u00edtulo VI \u201cDe la ocultaci\u00f3n fraudulenta de bienes o de industria, del falso testimonio y de la acusaci\u00f3n y denuncias falsas\u201d, art\u00edculo 390 se regula el fraude fiscal (precepto que se correspond\u00eda con el art\u00edculo 331 del C\u00f3digo Penal de 1.870).<\/span><\/span><\/p>\n

– El C\u00f3digo Penal de 1.932. Proclamada la Rep\u00fablica el 14 de abril de 1.931, al d\u00eda siguiente, el Gobierno Provisional derog\u00f3 el C\u00f3digo Penal de 1.928 y restableci\u00f3 la vigencia del C\u00f3digo Penal de 1.870, no obstante, modificado y adaptado a la Constituci\u00f3n de 1.931. En el T\u00edtulo IV.- Falsedades, Cap\u00edtulo VI.- \u201cDe la ocultaci\u00f3n fraudulenta de bienes o de industria\u201d se recoge en un solo art\u00edculo 324 el fraude fiscal. <\/span><\/span><\/p>\n

– El C\u00f3digo Penal de 1.944.- Se desarroll\u00f3 las bases del nuevo C\u00f3digo Penal en el Decreto de 23 de diciembre de 1.944 y consisti\u00f3 en una reforma parcial del viejo C\u00f3digo Penal de 1.848. Es el T\u00edtulo II relativo a las Falsedades, en el Cap\u00edtulo VI \u201cDe la ocultaci\u00f3n fraudulenta de bienes o de industria\u201d, en el art\u00edculo 319 regula el fraude fiscal. <\/span><\/span><\/p>\n

– El C\u00f3digo Penal, texto revisado de 1.963. Se produce por Decreto 691\/1963, de 23 de marzo, por el que se aprueba el \u201cTexto revisado de 1.962\u201d del C\u00f3digo Penal. No existen cambios significativos en materia de fraude fiscal, al regularse el delito en el mismo T\u00edtulo \u201cDe la ocultaci\u00f3n fraudulenta de bienes e industria\u201d y en el mismo art\u00edculo 319, con la \u00fanica salvedad de que se eleva el l\u00edmite m\u00ednimo de la multa.<\/span><\/span><\/p>\n

– El C\u00f3digo Penal, texto revisado de 1.973. La reforma de 15 de noviembre de 1.971 refleja ya la evoluci\u00f3n pol\u00edtica del R\u00e9gimen hacia una monarqu\u00eda cat\u00f3lica, social y representativa. As\u00ed en la disposici\u00f3n final se ordenaba al Gobierno la publicaci\u00f3n, en el plazo m\u00e1ximo de un a\u00f1o, del texto refundido del C\u00f3digo Penal, publicaci\u00f3n que tuvo lugar por el Decreto de 14 de septiembre de 1.973. Por la Ley 39, de 28 de noviembre, de 1.974 se introdujeron nuevas modificaciones t\u00e9cnicas, y varias leyes sucesivas, que tras la celebraci\u00f3n de las elecciones generales, el 15 de junio de 1.977, se constituy\u00f3 el primer Gobierno democr\u00e1tico, por cuya iniciativa las Cortes aprobaron la Ley 50\/1977, sobre medidas urgentes de reforma fiscal, que dio nueva redacci\u00f3n al art\u00edculo 319 del C\u00f3digo Penal, que pas\u00f3 a constituir el Cap\u00edtulo VI del T\u00edtulo III, bajo el ep\u00edgrafe \u201cDel Delito fiscal\u201d<\/span><\/span><\/p>\n

2.2.- Evoluci\u00f3n legislativa actual del delito fiscal<\/b>.<\/span><\/span><\/p>\n

Como, inciso, se\u00f1alar que el primer informe de diciembre de 2.006 del Observatorio del delito fiscal previsto en el Convenio de 30 de junio de 2005 entre la Agencia Estatal de Administraci\u00f3n Tributaria y la Secretar\u00eda de Estado de Justicia en materia de prevenci\u00f3n y lucha contra el fraude fiscal \u201cCualquier estudio del modelo actual de delito fiscal debe comenzar necesariamente por situar esta figura dentro del marco mas amplio de los <\/span><\/span><\/p>\n

delitos contra la Hacienda P\u00fablica, denominaci\u00f3n con las que se identifican, unitariamente, las figuras delictivas que contemplan los art\u00edculos 305 a 310 del C\u00f3digo Penal, cuya finalidad es proteger a \u201cla Hacienda P\u00fablica\u201d (incluida la comunitaria europea) desde sus distintas vertientes y funciones de ingresos y gasto p\u00fablicos. Posici\u00f3n que compartimos plenamente para el desarrollo del presente estudio.<\/span><\/span><\/p>\n

Consecuencia de lo anterior es que cualquier referencia a las sucesivas reformas legales que desembocan en el actual art\u00edculo 305 va necesariamente unida a los delitos contra la Hacienda P\u00fablica de los que forma parte.<\/span><\/span><\/p>\n

As\u00ed, uniendo la evoluci\u00f3n legislativa hist\u00f3rica con la nueva evoluci\u00f3n de la legislaci\u00f3n actual – a ra\u00edz de la nueva etapa hist\u00f3rica espa\u00f1ola con base en un Estado social y democr\u00e1tico de Derecho -, continuamos con la relaci\u00f3n de las normas jur\u00eddicas fundamentales para el estudio del delito fiscal, que declaran efectivamente una regulaci\u00f3n moderna del concepto de delito fiscal.<\/span><\/span><\/p>\n

– La Ley 50\/1977, de 14 de diciembre, de Medidas Urgentes de Reforma Fiscal, en sus art\u00edculos 36 y 37 aborda la implantaci\u00f3n de una nueva figura delictiva que sirviera como cl\u00e1usula de cierre e instrumento eficaz para la represi\u00f3n penal del fraude tributario. Para ello, modific\u00f3 el tipo penal del art\u00edculo 319 del C\u00f3digo Penal tipificando como conducta punible la elusi\u00f3n del pago de impuestos y el disfrute indebido de beneficios fiscales; fij\u00f3 un importe m\u00ednimo de cuota defraudada (de dos millones de pesetas) para entender cometido el delito y exigi\u00f3 la concurrencia de \u00e1nimo defraudatorio en el sujeto activo del delito, presuponiendo dicho \u00e1nimo en el caso de anomal\u00edas sustanciales de la contabilidad y en los supuestos de negativa u obstrucci\u00f3n a la acci\u00f3n investigadora de la Administraci\u00f3n tributaria. Si bien, cabe destacar que el citado art\u00edculo 319 tuvo una aplicaci\u00f3n judicial muy reducida.<\/span><\/span><\/p>\n

– La Ley Org\u00e1nica 2\/1985, de 29 de abril, de reforma del C\u00f3digo Penal, en materia de delitos contra la Hacienda P\u00fablica, suprimi\u00f3 la prejudicialidad administrativa (ya que exig\u00eda un largo proceso administrativo de fijaci\u00f3n de la deuda, antes de acudir a la denuncia judicial del delito) pasando con ello el delito fiscal a ser un delito p\u00fablico perseguible de oficio. Introdujo tambi\u00e9n, junto al delito fiscal, dos nuevas modalidades delictivas, el fraude de subvenciones y el delito contable. Estos \u201cDelitos contra la Hacienda P\u00fablica\u201d se regularon en el T\u00edtulo VI del Libro II del C\u00f3digo Penal, bajo los art\u00edculos 349, 349 bis y 350.<\/span><\/span><\/p>\n

– La Ley Org\u00e1nica 6\/1995, de 29 de junio, por la que se modifican determinados preceptos del C\u00f3digo Penal en materia de delitos contra la Hacienda P\u00fablica y contra la Seguridad Social. Se incorporan cambios en la redacci\u00f3n de los delitos contra la Hacienda P\u00fablica ya existentes, cuyas principales novedades se recogen en la Ley Org\u00e1nica 10\/1995,de 23 de noviembre, del C\u00f3digo Penal. <\/span><\/span><\/p>\n

– El C\u00f3digo Penal de 1.995, introduce, como resultado de los compromisos adquiridos con la aprobaci\u00f3n del Convenio para la Protecci\u00f3n de los Intereses Financieros de las Comunidades Europeas, dos preceptos sobre el fraude a la Uni\u00f3n Europea (art\u00edculo 306 y 309). En lo referente al delito fiscal (ya existentes bajo la reforma de la Ley Org\u00e1nica 6\/1995, de 29 de junio) se limita a trasladar sus art\u00edculos, salvo en lo relativo a la pena. Este C\u00f3digo Penal \u2013 hoy vigente \u2013 recoge en el T\u00edtulo XIV del Libro II, bajo la r\u00fabrica \u201cDe los delitos contra la Hacienda P\u00fablica y contra la Seguridad Social\u201d, los art\u00edculos 305, 307, 308 y 310 los delitos tributarios y en los art\u00edculos 306 y 309 el fraude a la Uni\u00f3n Europea.<\/span><\/span><\/p>\n

– La Ley Org\u00e1nica 5\/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Org\u00e1nica, 10\/1995, de 23 de noviembre, del C\u00f3digo Penal, en el \u00e1mbito de los delitos contra la Hacienda P\u00fablica y la Seguridad Social produce un endurecimiento de las penas al objeto de hacerlas mas adecuadas y proporcionales a la gravedad de las conductas. Se prev\u00e9 asimismo que los Jueces y Tribunales recaben el auxilio de los servicios de la Administraci\u00f3n Tributaria para la ejecuci\u00f3n de la pena de multa y la responsabilidad civil.<\/span><\/span><\/p>\n

En lo que respecta al fraude de subvenciones, se unifica con respecto al delito fiscal la cuant\u00eda para considerar delictivos los hechos y se establece que para la determinaci\u00f3n de la cantidad defraudada se tomar\u00e1 como referencia el a\u00f1o natural, debiendo tratarse de subvenciones obtenidas para el fomento de la misma actividad privada subvencionable, auque procedan de distintas Administraciones o entidades p\u00fablicas. <\/span><\/span><\/p>\n

– La Ley Org\u00e1nica 7\/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Org\u00e1nica 10\/1995, de 23 de noviembre, del C\u00f3digo Penal en materia de transparencia lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social. A tal efecto, en el \u00e1mbito penal realiza una profunda revisi\u00f3n de los delitos contra la Hacienda P\u00fablica y contra la Seguridad Social, regulados en el T\u00edtulo XIV del C\u00f3digo Penal (art\u00edculos 305, 305 bis, 306, 308, 310 y 310 bis, en relaci\u00f3n al delito fiscal). Los objetivos de la reforma son: la creaci\u00f3n de un tipo agravado que ofrezca respuesta a los fraudes de especial gravedad y que eleve la pena de prisi\u00f3n hasta una duraci\u00f3n m\u00e1xima de seis a\u00f1os, lo que a su vez determina que el plazo de prescripci\u00f3n de las infracciones mas graves sea de diez a\u00f1os; posibilitar la persecuci\u00f3n de las tramas organizadas de fraude fiscal mediante la facilitaci\u00f3n de la denuncia inmediata una vez alcanzada la cantidad m\u00ednima de defraudaci\u00f3n; incrementar las posibilidades de cobro de la deuda tributaria evitando la paralizaci\u00f3n del procedimiento administrativo por el proceso penal; introducir mejoras t\u00e9cnicas en la regulaci\u00f3n de las defraudaciones a la Hacienda y a los Presupuestos de la Uni\u00f3n Europea; evitar la denuncia ante los Juzgados de aquellos obligados tributarios que han regularizado, de forma completa y voluntaria, su situaci\u00f3n tributaria. Tambi\u00e9n prev\u00e9 mecanismos para rebajar la pena para aquellos imputados que, una vez iniciado el proceso penal, satisfagan la deuda tributaria o colaboren en la investigaci\u00f3n judicial.<\/span><\/span><\/p>\n

3.- EXPOSICI\u00d3N DE LOS MOTIVOS DE LA REFORMA (Pre\u00e1mbulo).<\/b><\/span><\/span><\/p>\n

El C\u00f3digo Penal, tal y como se\u00f1ala la Exposici\u00f3n de Motivos de la Ley Org\u00e1nica 10\/1995, de 23 de noviembre, tutela los valores y principios b\u00e1sicos de la convivencia social, y su contenido debe ser ajustado a los cambios y a las necesidades de la actual situaci\u00f3n.<\/span><\/span><\/p>\n

El eje de los criterios que inspiran la presente reforma se corresponde con el reforzamiento de la transparencia de la actividad de la administraci\u00f3n y del r\u00e9gimen de responsabilidad de partidos pol\u00edticos y sindicatos, a los que se incluye dentro del r\u00e9gimen general de responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas del que, hasta ahora, estaban excluidos; y, de otra, con la mejora de la eficacia de los instrumentos de control de los ingresos y del gasto p\u00fablico, que se revela como un elemento imprescindible del conjunto de medidas adoptadas con motivo de la crisis econ\u00f3mica.<\/span><\/span><\/p>\n

A tal efecto, en el \u00e1mbito penal se hace necesaria una profunda revisi\u00f3n de los delitos contra la Hacienda P\u00fablica y contra la Seguridad Social, regulados en el T\u00edtulo XIV del C\u00f3digo Penal.<\/span><\/span><\/p>\n

En primer lugar, se modifica la regulaci\u00f3n de la responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas con la finalidad de incluir a partidos pol\u00edticos y sindicatos dentro del r\u00e9gimen general de responsabilidad, suprimiendo la referencia a los mismos que hasta ahora se conten\u00eda en la excepci\u00f3n regulada en el apartado 5 del art\u00edculo 31 bis del C\u00f3digo Penal, de tal forma que la nueva regulaci\u00f3n del citado art\u00edculo queda redactado como sigue: \u201c5.- Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas no ser\u00e1n aplicables al Estado, a las Administraciones P\u00fablicas territoriales e institucionales, a los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades P\u00fablicas Empresariales, a las organizaciones internacionales de derecho p\u00fablico, ni a aquellas otras que ejerzan potestades p\u00fablicas de soberan\u00eda, administrativas o cuando se trate de Sociedades mercantiles Estatales que ejecuten pol\u00edticas p\u00fablicas o presten servicios de inter\u00e9s econ\u00f3mico general\u2026<\/i>.\u201d<\/span><\/span><\/p>\n

Antigua redacci\u00f3n: La Ley Org\u00e1nica 5\/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Org\u00e1nica 10\/1995, de 23 de noviembre, del C\u00f3digo Penal a\u00f1adi\u00f3 el art\u00edculo 31 bis, que en su punto 5 ten\u00eda la siguiente redacci\u00f3n: \u201c5.- Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas no ser\u00e1n aplicables al Estado, a las Administraciones P\u00fablicas territoriales e institucionales, a los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades P\u00fablicas Empresariales, <\/i>a los partidos pol\u00edticos y sindicatos,<\/b><\/i> a las organizaciones internacionales de derecho p\u00fablico, ni a aquellas otras que ejerzan <\/i><\/span><\/span><\/p>\n

potestades p\u00fablicas de soberan\u00eda, administrativas o cuando se trate de Sociedades mercantiles Estatales que ejecuten pol\u00edticas p\u00fablicas o presten servicios de inter\u00e9s econ\u00f3mico general\u2026<\/i><\/span><\/span><\/p>\n

En segundo lugar, se efect\u00faan mejoras t\u00e9cnicas en la tipificaci\u00f3n de los delitos contra la Hacienda P\u00fablica en el art\u00edculo 30 del C\u00f3digo Penal, que tienen por objeto facilitar la persecuci\u00f3n de estos delitos y corregir algunas deficiencias.<\/span><\/span><\/p>\n

Una primera modificaci\u00f3n ha consistido en configurar la regularizaci\u00f3n de la situaci\u00f3n tributaria como el verdadero reverso del delito de manera que, con la regularizaci\u00f3n, resulte neutralizado no s\u00f3lo el desvalor de la acci\u00f3n, con una declaraci\u00f3n completa y veraz, sino tambi\u00e9n el desvalor del resultado mediante el pago completo de la deuda tributaria y no solamente de la cuota tributaria como ocurre actualmente.<\/span><\/span><\/p>\n

En coherencia con esta nueva configuraci\u00f3n legal de la regularizaci\u00f3n tributaria, se considera que la regularizaci\u00f3n de la situaci\u00f3n tributaria hace desaparecer el injusto derivado del inicial incumplimiento de la obligaci\u00f3n tributaria y as\u00ed lo refleja la nueva redacci\u00f3n del tipo delictivo que anuda a ese retorno a la legalidad la desaparici\u00f3n del reproche penal. La regularizaci\u00f3n, pues, pasa a ser un elemento del delito y no s\u00f3lo una causa de exclusi\u00f3n de la pena (antes de la reforma, la regularizaci\u00f3n no eliminaba el delito fiscal sino la posibilidad de imponer una pena al defraudador; con la nueva reforma el delito desaparece).<\/span><\/span><\/p>\n

Se introduce un nuevo apartado que permite a la Administraci\u00f3n continuar con el procedimiento administrativo de cobro de la deuda tributaria pese a la pendencia del proceso penal; la sola pendencia del proceso judicial no paraliza la acci\u00f3n de cobro pero podr\u00e1 paralizarla el Juez siempre que el pago de la deuda se garantice o que el Juez considere que se podr\u00edan producir daos de imposible o dif\u00edcil reparaci\u00f3n. Lo que subyace en este nuevo apartado de la reforma, en mi opini\u00f3n, es incrementar las posibilidades de cobro de la deuda tributaria impagada evitando la paralizaci\u00f3n del procedimiento administrativo por el proceso penal. El procedimiento administrativo ser\u00e1 compatible con el proceso judicial, de tal manera que la Agencia Tributaria podr\u00e1 continuar el procedimiento administrativo del cobro de la deuda tributaria de forma simult\u00e1nea a la del proceso penal, liquidar y recaudar en v\u00eda administrativa, a resultas de lo que determine finalmente la autoridad judicial.<\/span><\/span><\/p>\n

Con relaci\u00f3n a la determinaci\u00f3n de la deuda tributaria defraudada, la reforma introduce dos modificaciones relevantes. De una parte, aclara que la cuant\u00eda defraudada en el \u00e1mbito de ingresos de la Hacienda de la Uni\u00f3n Europea se determinar\u00e1 por relaci\u00f3n al a\u00f1o natural. De otra parte, se introduce una regla especial para poder perseguir las tramas de criminalidad organizada de forma inmediata desde el momento en que la defraudaci\u00f3n supere la cuant\u00eda m\u00ednima determinante del delito.<\/span><\/span><\/p>\n

Se prev\u00e9 la atenuaci\u00f3n de la pena cuando los presuntos responsables de los delitos reconocen su comisi\u00f3n y satisfacen \u00edntegramente la deuda tributaria o bien colaboran con las Autoridades para la averiguaci\u00f3n de los hechos, y en su caso, la identificaci\u00f3n o captura de otros responsables, siempre y cuando tal reconocimiento, pago y cooperaci\u00f3n se produzcan en un breve lapso de tiempo. Al incluir la reforma el t\u00e9rmino de deuda tributaria introduce un concepto mas amplio que la cuota tributaria. Este concepto de deuda tributaria incluye los intereses de demora, recargos, sanciones y costas, luego ser\u00e1 necesario satisfacer no s\u00f3lo la cuota tributaria, sino el resto de deuda que incluye el concepto de deuda tributaria. A\u00f1adir, tambi\u00e9n que la atenuante era apreciada por los Tribunales, invocando la atenuante del art\u00edculo 21 del C\u00f3digo Penal. Siendo frecuente la aplicaci\u00f3n de la atenuante de confesi\u00f3n del art\u00edculo 21.4 del C\u00f3digo Penal. La STS 359\/2008, de 19 de junio, en relaci\u00f3n a la concurrencia de la atenuante ordinaria del art\u00edculo 21.4 CP, destaca y reitera que la Sala 2 \u00aa ha puesto de relieve que la raz\u00f3n de esta atenuante no estriba en el factor subjetivo de pesar y contradicci\u00f3n, sino en el dato objetivo de la realizaci\u00f3n de actos de colaboraci\u00f3n en la investigaci\u00f3n del delito. Se destaca como elemento integrante de la atenuante el cronol\u00f3gico, consistente en que el reconocimiento de los hechos se verifique antes de que el inculpado conozca que es investigado procesal o judicialmente por los mismos.<\/span><\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n dentro de los delitos contra la Hacienda P\u00fablica, se prev\u00e9 un nuevo tipo agravado en el art\u00edculo 305 bis para tipificar las conductas de mayor gravedad o de mayor complejidad en su descubrimiento, que se sancionan con una pena m\u00e1xima de seis a\u00f1os, lo que por aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 131 del C\u00f3digo Penal, llevar\u00eda aparejado el aumento del plazo de prescripci\u00f3n a diez a\u00f1os para dificultar la impunidad de estas conductas graves por el paso del tiempo. \u201cEl art\u00edculo 131.1 C\u00f3digo Penal, en redacci\u00f3n dada por la Ley Org\u00e1nica 5\/2010, que: 1.- Los delitos prescriben:\u2026A los 10, cuando la pena m\u00e1xima se\u00f1alada por la Ley sea prisi\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n por mas de cinco a\u00f1os y que no exceda de 10\u2026\u201d.<\/i><\/span><\/span><\/p>\n

Se consideran supuestos agravados aquellos en que la cuant\u00eda de la cuota defraudada supere los seiscientos mil euros, l\u00edmite cuantitativo apuntado por la jurisprudencia; aquellos en los que la defraudaci\u00f3n se comete en el seno de una organizaci\u00f3n o de un grupo criminal; o en los que la utilizaci\u00f3n de personas, negocios, instrumentos o territorios dificulte la determinaci\u00f3n de la identidad o del patrimonio verdadero obligado tributario o responsable del delito o la cuant\u00eda defraudada. La Ley hace especial referencia a los para\u00edsos fiscales y territorios de nula tributaci\u00f3n.<\/span><\/span><\/p>\n

Se modifica la redacci\u00f3n del art\u00edculo 306 del C\u00f3digo Penal para aclarar la diferencia de la conducta t\u00edpica con la prevista en el apartado 3 del art\u00edculo 305, y para refundir los actuales art\u00edculos 306 y 309 en un solo precepto (por lo que en s\u00edntesis desaparece el art\u00edculo 309). Los casos en los que la defraudaci\u00f3n no alcance los cincuenta mil euros pero supere los cuatro mil euros son castigados como delitos en el apartado 3 del art\u00edculo 305 y en el art\u00edculo 306, desapareciendo la tipificaci\u00f3n como falta de los actuales art\u00edculos 627 y 628.<\/span><\/span><\/p>\n

Por \u00faltimo, se modifica el art\u00edculo 310 bis del C\u00f3digo Penal debido a la necesidad de armonizar la penalidad impuesta a las personas jur\u00eddicas responsables de los delitos contra la Hacienda P\u00fablica, con la ya prevista para las personas f\u00edsicas responsables de los mismos delitos, de suerte que, de un lado, se introduce en la letra b) la pena de multa del doble al cu\u00e1druple en los supuestos agravados cuya regulaci\u00f3n se propone en el nuevo art\u00edculo 305 bis y, de otro lado, se a\u00f1ade un segundo p\u00e1rrafo en el que se prev\u00e9 la imposici\u00f3n a las personas jur\u00eddicas responsables de estos delito de las penas que la letra f) del apartado 7 del art\u00edculo 33 prev\u00e9 con car\u00e1cter general y que ya el apartado 1 del art\u00edculo 305 impone para las personas f\u00edsicas. \u201cArt\u00edculo 33.1.- En funci\u00f3n de su naturaleza y duraci\u00f3n, las penas se clasifican en graves, menos graves y leves.(\u2026) 7.- Las penas aplicables a las personas jur\u00eddicas, que tienen todas la consideraci\u00f3n de graves, son las siguientes: (\u2026) f) Inhabilitaci\u00f3n para obtener subvenciones y ayudas p\u00fablicas, para contratar con el sector p\u00fablico y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por un plazo que no podr\u00e1 exceder de quince a\u00f1os\u201d.<\/i><\/span><\/span><\/p>\n

4.- AN\u00c1LISIS DEL ART\u00cdCULO 305 y 305 BIS DEL C\u00d3DIGO PENAL.<\/b><\/span><\/span><\/p>\n

<\/b>El art\u00edculo 31 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola, se\u00f1ala, que: \u201c1.- Todos contribuir\u00e1n al sostenimiento de los gastos p\u00fablicos de acuerdo con su capacidad econ\u00f3mica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ning\u00fan caso, tendr\u00e1 alcance confiscatorio.\u201d. <\/i>De ah\u00ed el deber general de contribuir, en el cumplimiento de la solidaridad, y cuya intervenci\u00f3n del Derecho Penal, lo hizo como un tipo penal en blanco que, dolo aparte, configura el quantum defraudatorio como elemento diferenciador entre delito fiscal e infracci\u00f3n administrativa.<\/span><\/span><\/p>\n

Se regulan, como ya ha quedado dicho anteriormente, en el T\u00edtulo XIV del Libro II, art\u00edculos 305 a 310 bis, bajo el ep\u00edgrafe \u201cDe los delitos contra la Hacienda P\u00fablica y contra la Seguridad Social\u201d, incluyendo las defraudaciones tributarias, los fraudes a la Seguridad Social, las defraudaciones a los presupuestos generales de la Uni\u00f3n Europea y otros administrados por \u00e9sta, y, la obtenci\u00f3n de subvenciones y ayudas de las Administraciones P\u00fablicas.<\/span><\/span><\/p>\n

Previamente, se\u00f1alar como dice la STS n\u00fam. 952\/2006, de 6 de octubre, que la descripci\u00f3n t\u00edpica del art\u00edculo 305 C\u00f3digo Penal, es indudable que encierra una norma penal en blanco impl\u00edcita, al contemplar m\u00faltiples elementos normativos tributarios, y ser\u00e1 al campo administrativo al que debemos recurrir para completar el injusto t\u00edpico con los pertinentes conceptos como la determinaci\u00f3n de la deuda tributaria, su cuantificaci\u00f3n, etc. pero en \u00faltima instancia al juez penal, en lo atinente a la valoraci\u00f3n probatoria, principios procesales, presunciones procesales y dem\u00e1s cuestiones materiales, debe quedar sometido al derecho penal como regulaci\u00f3n sustancial esencial (Escrihuela Chumilla, F. Javier: Todo Penal 2011).<\/span><\/span><\/p>\n

En consecuencia la estructura del tipo b\u00e1sico<\/u> se regula en el art\u00edculo 305 del referido texto legal, en su redacci\u00f3n actual: \u201c1.- El que, por acci\u00f3n u omisi\u00f3n, defraude a la Hacienda P\u00fablica estatal, auton\u00f3mica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresar en cuenta obteni\u00e9ndose indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuant\u00eda de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de ciento veinte mil euros ser\u00e1 castigado con la pena de prisi\u00f3n de uno a cinco a\u00f1os y multa del tanto al s\u00e9xtuplo\u2026<\/i>\u201d.<\/span><\/span><\/p>\n

En cuanto a la conducta t\u00edpica<\/u> para determinar la naturaleza del delito penal debe realizarse con conocimiento y voluntad de incumplir las obligaciones tributarias obteniendo, en s\u00edntesis, un resultado beneficioso para el sujeto tributario y un perjuicio patrimonial para la Administraciones P\u00fablicas. De tal manera que la conducta defraudatoria al ser posible efectuarla de forma activa o pasiva permite que el delito fiscal pueda cometerse por acci\u00f3n o por omisi\u00f3n.<\/span><\/span><\/p>\n

Es jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo la que afirma con rotundidad que \u201cel delito fiscal, al menos en la modalidad de elusi\u00f3n del pago del tributo, se configura como un delito de infracci\u00f3n del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos p\u00fablicos mediante el pago de los tributos\u201d, <\/i>constituyendo \u00e9ste un comportamiento esencialmente omisivo (Sentencia del Tribunal Supremo, de 5 de diciembre de 2002; 3 de abril de 2003) (Fimax: El delito fiscal. An\u00e1lisis de los sujetos activos en las tramas de fraude del IVA).<\/span><\/span><\/p>\n

La conducta objetiva consiste en defraudar a la Hacienda P\u00fablica estatal, auton\u00f3mica, foral o local:<\/span><\/span><\/p>\n

    \n
  1. \n

    eludiendo el pago de tributos, <\/span><\/span><\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n

      \n
    1. \n

      eludiendo cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresar en cuenta,<\/span><\/span><\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n

        \n
      1. \n

        obteni\u00e9ndose indebidamente devoluciones,<\/span><\/span><\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n

          \n
        1. \n

          o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuant\u00eda de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de ciento veinte mil euros.<\/i><\/span><\/span><\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n

          4.1.- EL NUEVO TIPO AGRAVADO.<\/b><\/span><\/span><\/p>\n

          El Art\u00edculo \u00danico. Modificaci\u00f3n de la Ley Org\u00e1nica 10\/1995, de 23 de noviembre, del C\u00f3digo Penal. Tres de la Ley Org\u00e1nica 7\/2012, de 27 de noviembre, a\u00f1ade el art\u00edculo 305 bis, con un tipo agravado para las conductas defraudatorias en las que se den ciertas circunstancias. <\/span><\/span><\/p>\n

          \u201cArt\u00edculo 305 bis.- El delito contra la Hacienda P\u00fablica ser\u00e1 castigado con la pena de prisi\u00f3n de dos a seis a\u00f1os y multa del doble al s\u00e9xtuplo de la cuota defraudada cuando la defraudaci\u00f3n se cometiere concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:<\/i><\/span><\/span><\/p>\n

          a) Que la cuant\u00eda de la cuota defraudada exceda de seiscientos mil euros.<\/i><\/span><\/span><\/p>\n

          b) Que la defraudaci\u00f3n se haya cometido en el se\u00f1o de una organizaci\u00f3n o de un grupo criminal.<\/i><\/span><\/span><\/p>\n

          c) Que la utilizaci\u00f3n de personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas o entes sin personalidad jur\u00eddica interpuestos, negocios o instrumentos fiduciarios o para\u00edsos fiscales o territorios de nula tributaci\u00f3n oculte o dificulte la determinaci\u00f3n de la identidad del obligado tributario o del responsable del delito, la determinaci\u00f3n de la cuant\u00eda defraudada o del patrimonio del obligado tributario o del responsable del delito.<\/i><\/span><\/span><\/p>\n

          2.- A los supuestos descritos en el presente art\u00edculo le ser\u00e1n de aplicaci\u00f3n todas las restantes previsiones contenidas en el art\u00edculo 305.<\/i><\/span><\/span><\/p>\n

          En estos casos, adem\u00e1s de las penas se\u00f1aladas, se impondr\u00e1 al responsable la p\u00e9rdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas p\u00fablicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el per\u00edodo de cuatro a ocho a\u00f1os.<\/i>\u201d<\/span><\/span><\/p>\n

          <\/b>En consecuencia, este tipo agravado se introduce cuando se de alguna de las siguientes circunstancias:<\/span><\/span><\/p>\n

          – Que la cuant\u00eda de la cuota defraudada exceda de seiscientos mil euros.<\/span><\/span><\/p>\n

          – Que la defraudaci\u00f3n se haya cometido en el seno de una organizaci\u00f3n o de un grupo criminal.<\/span><\/span><\/p>\n

          – Que se utilicen personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas o entes sin personalidad jur\u00eddica interpuestos, negocios o instrumentos fiduciarios o para\u00edsos fiscales o territorios de nula tributaci\u00f3n que oculten o dificulten la determinaci\u00f3n de la identidad del obligado tributario o del responsable del delito, la determinaci\u00f3n de la cuant\u00eda defraudada o del patrimonio protegido del obligado tributario o del responsable del delito.<\/span><\/span><\/p>\n

          Y, las penas se\u00f1aladas en este caso, son las siguientes:<\/span><\/span><\/p>\n

          – La de prisi\u00f3n de dos a seis a\u00f1os.<\/span><\/span><\/p>\n

          – La de multa del doble al s\u00e9xtuplo de la cuota tributaria.<\/span><\/span><\/p>\n

          – La de p\u00e9rdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas p\u00fablicas y del derecho a gozar de los beneficios fiscales o de la Seguridad Social durante el per\u00edodo de cuatro a ocho a\u00f1os.<\/span><\/span><\/p>\n

          La primera cuesti\u00f3n que provoca el aumento de la pena (hasta seis a\u00f1os de prisi\u00f3n), en conformidad con la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 131 del C\u00f3digo Penal, es el aumento del plazo de prescripci\u00f3n a diez a\u00f1os, con el fin de dificultar la impunidad de estas conductas graves por el paso del tiempo. \u201cEl art\u00edculo 131.1 C\u00f3digo Penal, en redacci\u00f3n dada por la Ley Org\u00e1nica 5\/2010, que: 1.- Los delitos prescriben:\u2026A los 10, cuando la pena m\u00e1xima se\u00f1alada por la Ley sea prisi\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n por mas de cinco a\u00f1os y que no exceda de 10\u2026<\/i><\/span><\/span><\/p>\n

          <\/b>La segunda cuesti\u00f3n que provoca el aumento de la pena (hasta seis a\u00f1os de prisi\u00f3n) es que la competencia para el enjuiciamiento de los hechos delictivos corresponde a la Audiencia Provincial. Ello, permitir\u00eda, la posibilidad de un ulterior recurso de casaci\u00f3n ante el Tribunal Supremo.<\/span><\/span><\/p>\n

          El Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (publicado en Gaceta de 17 de septiembre de 1882, en su art\u00edculo 14, dispone: \u201cFuera de los casos que expresa y limitadamente atribuyen la Constituci\u00f3n y las leyes a Jueces y Tribunales determinados, ser\u00e1n competentes: (\u2026) 3. Para el conocimiento y fallo de las causas por delitos a los que la Ley se\u00f1ale pena privativa de libertad de duraci\u00f3n no superior a cinco a\u00f1os \u2026, el Juez de lo Penal\u20264.- Para el conocimiento y fallo de las causas en los dem\u00e1s casos a la Audiencia Provincial\u2026\u201d<\/i> Este art\u00edculo fue redactado por el art\u00edculo 58 de la Ley Org\u00e1nica 1\/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protecci\u00f3n Integral contra la violencia de g\u00e9nero (BOE, de 29 de diciembre).<\/span><\/span><\/p>\n

          Y, el art\u00edculo 847 del mismo texto legal, dispone: \u201cProcede el recurso de casaci\u00f3n por infracci\u00f3n de ley y por quebrantamiento de forma contra: a) las sentencias dictadas\u2026; y b) las sentencias dictadas por las Audiencias en juicio oral y \u00fanica instancia.<\/i>\u201d. <\/span><\/span><\/p>\n

          4.2.- EL NUEVO R\u00c9GIMEN DE ATENUACI\u00d3N DE LA PENA Y EL COLABORADOR ACTIVO. \u00bfTIPO PRIVILEGIADO?.<\/b><\/span><\/span><\/p>\n

          El Art\u00edculo \u00danico. Modificaci\u00f3n de la Ley Org\u00e1nica 10\/1995, de 23 de noviembre, del C\u00f3digo Penal. Dos de la Ley Org\u00e1nica 7\/2012, de 27 de noviembre, redacta el art\u00edculo 305 en su punto 6, del siguiente modo: \u201c(\u2026) Los Jueces y Tribunales podr\u00e1n imponer al obligado tributario o al autor del delito la pena inferior en uno o dos grados, siempre que, antes de que transcurran dos meses desde la citaci\u00f3n judicial como imputado satisfaga la deuda tributaria y reconozca judicialmente los hechos. Lo anterior ser\u00e1 igualmente aplicable respecto de otros part\u00edcipes en el delito distintos del obligado tributario o del autor del delito, <\/i><\/span><\/span><\/p>\n

          cuando colaboren activamente para la obtenci\u00f3n de las pruebas decisivas para el esclarecimiento de los hechos delictivos o para la averiguaci\u00f3n del patrimonio del obligado tributario o de otros responsables del delito.<\/i>\u201d<\/span><\/span><\/p>\n

          Este nuevo tipo que algunos autores han llamado \u201cprivilegiado\u201d permite imponer la pena inferior en uno o dos grados a los responsables del delito fiscal cuando, antes de que transcurran dos meses desde la citaci\u00f3n judicial como imputados, realicen las siguientes conductas:<\/span><\/span><\/p>\n

          – Al obligado tributario o al autor del delito, si satisface la deuda tributaria y reconocer judicialmente los hechos, en relaci\u00f3n a los sujetos tributario o autores del delito.<\/span><\/span><\/p>\n

          – De otros part\u00edcipes en el delito distintos del obligado tributario o del autor de delito, si colaboran activamente en la obtenci\u00f3n de pruebas decisivas para la identificaci\u00f3n o captura de otros responsables, para el completo esclarecimiento de los hechos delictivos o para la averiguaci\u00f3n del patrimonio del obligado tributario o de otros responsables del delito.<\/span><\/span><\/p>\n

          Se establece la posibilidad de obtener una regresi\u00f3n de uno o dos grados de la pena pero a condici\u00f3n de satisfacer la deuda tributaria. Por tanto, si nos atenemos a la dicci\u00f3n literal habr\u00e1 que entender que s\u00f3lo se obtiene la atenuante si se paga al completo (Mart\u00ednez L\u00f3pez de Heredia, G; <\/span><\/span>www.gmabogadopenalista.com<\/span><\/span><\/a><\/u><\/span>).<\/span><\/span><\/p>\n

          La Ley 58\/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE de 18 de diciembre) en el Art\u00edculo 58 define la deuda tributaria y los conceptos que integra la misma. As\u00ed, dispone el referido art\u00edculo 58 que: \u201c1.- La deuda tributaria estar\u00e1 constituida por la cuota o cantidad a ingresar que resulte de la obligaci\u00f3n tributaria principal o de las obligaciones de realizar pagos a cuenta. 2.- Adem\u00e1s, la deuda tributaria estar\u00e1 integrada, en su caso por:<\/i><\/span><\/span><\/p>\n

          a) El inter\u00e9s de demora.<\/i><\/span><\/span><\/p>\n

          b) Los recargos por declaraci\u00f3n extempor\u00e1nea.<\/i><\/span><\/span><\/p>\n

          c) Los recargos del per\u00edodo ejecutivo.<\/i><\/span><\/span><\/p>\n

          d) Los recargos exigibles legalmente sobre las bases o las cuotas, a favor del Tesoro o de otros entes p\u00fablicos. (\u2026)\u201d.<\/i><\/span><\/span><\/p>\n

          <\/b>Parece, pues, que para obtener la regresi\u00f3n de uno o dos grados ser\u00e1 necesario satisfacer la deuda tributaria, y no s\u00f3lo la cuota tributaria como anteriormente suced\u00eda. Sin duda esta determinaci\u00f3n, entiendo, crear\u00e1 problemas de interpretaci\u00f3n en el futuro, siendo la jurisprudencia qui\u00e9n tendr\u00e1 que determinar estos par\u00e1metros.<\/span><\/span><\/p>\n

          4.3.- LA REGULARIZACI\u00d3N. PAGO DE LA DEUDA Y NO DE LA CUOTA TRIBUTARIA.<\/b><\/span><\/span><\/p>\n

          El Art\u00edculo \u00danico. Modificaci\u00f3n de la Ley Org\u00e1nica 10\/1995, de 23 de noviembre, del C\u00f3digo Penal. Dos de la Ley Org\u00e1nica 7\/2012, de 27 de noviembre, redacta el art\u00edculo 305 en su punto 4, del siguiente modo: \u201c4.- Se considerar\u00e1 regularizada la situaci\u00f3n tributaria cuando se haya procedido por el obligado tributario al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, antes de que por la Administraci\u00f3n Tributaria se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobaci\u00f3n o investigaci\u00f3n tendentes a la determinaci\u00f3n de las deudas tributarias objeto de la regularizaci\u00f3n o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado el representante procesal de la Administraci\u00f3n auton\u00f3mica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aqu\u00e9l dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucci\u00f3n realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciaci\u00f3n de diligencias.<\/i><\/span><\/span><\/p>\n

          Asimismo, los efectos de la regularizaci\u00f3n prevista en el p\u00e1rrafo anterior resultar\u00e1n aplicables cuando se satisfagan deudas tributarias una vez prescrito el derecho de la Administraci\u00f3n a su determinaci\u00f3n en v\u00eda administrativa.<\/i><\/span><\/span><\/p>\n

          La regularizaci\u00f3n por el obligado tributario de su situaci\u00f3n tributaria impedir\u00e1 que se le persiga por las posibles irregularidades contables u otras falsedades instrumentales que, exclusivamente en relaci\u00f3n a la deuda tributaria objeto de regularizaci\u00f3n, el mismo pudiera haber cometido con car\u00e1cter<\/i><\/span><\/span><\/p>\n

          previo a la regularizaci\u00f3n de su situaci\u00f3n tributaria.<\/i>\u201d.<\/span><\/span><\/p>\n

          Se\u00f1ala la Sentencia del Tribunal Supremo n \u00ba 539\/2003, de 30 de abril de 2003, en relaci\u00f3n a la causa absolutoria prevista en el art\u00edculo 305.4 CP (anterior a la reforma) que \u201cregularizar es poner en orden algo que as\u00ed queda ajustado a la regla por la que se debe regir. Si una persona defrauda a la Hacienda P\u00fablica eludiendo el pago de un impuesto, su situaci\u00f3n tributaria s\u00f3lo queda regularizada cuando, reconociendo la defraudaci\u00f3n, satisface el impuesto eludido, no pudiendo decirse que ha regularizado la situaci\u00f3n por el mero hecho de que, a\u00f1os despu\u00e9s de realizarla, reconozca la defraudaci\u00f3n \u2013 a ello equivale la presentaci\u00f3n de la declaraci\u00f3n complementaria \u2013 cuando la misma, por otra parte, ya ha sido puesta de manifiesto por la actividad inspectora de la Administraci\u00f3n<\/i>\u201d.<\/span><\/span><\/p>\n

          <\/b>En este sentido, la reforma aclara que s\u00f3lo excluye el delito fiscal la regularizaci\u00f3n que re\u00fana los siguientes requisitos:<\/span><\/span><\/p>\n

          – Que se lleve a cabo mediante el completo reconocimiento de la deuda tributaria eludida, y<\/span><\/span><\/p>\n

          – Que vaya acompa\u00f1ada del pago \u00edntegro de la deuda tributaria.<\/span><\/span><\/p>\n

          Estos requisitos, como formula el modificado art\u00edculo 305.4 deben ser paralelos, realizados \u201csin soluci\u00f3n de continuidad\u201d. Adem\u00e1s, debe darse otra circunstancia: <\/span><\/span><\/p>\n

          – Que el reconocimiento y el pago de la deuda tributaria por parte del obligado tributario se realice antes de que la Administraci\u00f3n Tributaria haya notificado (al obligado tributario) el inicio de actuaciones de comprobaci\u00f3n o investigaci\u00f3n; <\/span><\/span><\/p>\n

          – Que en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administraci\u00f3n auton\u00f3mica, foral o local interponga querella o denuncia contra aqu\u00e9l dirigidas.<\/span><\/span><\/p>\n

          – O bien, antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucci\u00f3n realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciaci\u00f3n de las diligencias.<\/span><\/span><\/p>\n

          <\/b>A\u00fan, cuando pareciera que no hay diferencia con la regulaci\u00f3n anterior, esta afirmaci\u00f3n ser\u00eda err\u00f3nea. Para aplicar la excusa absolutoria en la regulaci\u00f3n anterior y evitar la denuncia ante los Juzgados los obligados tributarios deb\u00edan haber regularizado y presentado las declaraciones complementarias determinando la cuota tributaria.<\/span><\/span><\/p>\n

          Actualmente, la reforma exige para la excusa absolutoria y, as\u00ed evitar la denuncia ante los Juzgados que los obligados tributarios regularicen de forma completa y voluntaria su situaci\u00f3n tributaria. Se tiene en cuenta el concepto desarrollado anteriormente de \u201cdeuda tributaria\u201d del art\u00edculo 58 de la anteriormente meritada Ley 58\/2003, General Tributaria.<\/span><\/span><\/p>\n

          Consecuentemente, el nuevo tratamiento penal de la regularizaci\u00f3n voluntaria de la situaci\u00f3n tributaria deja de ser una excusa absolutoria de un delito ya cometido para convertirse en el verdadero reverso del delito, de manera, que con la regularizaci\u00f3n, resulta neutralizado no s\u00f3lo el desvalor de la acci\u00f3n, de una declaraci\u00f3n completa y veraz, sino tambi\u00e9n el desvalor del resultado mediante el cobro completo de la deuda tributaria y no solamente de la cuota tributaria, como ocurr\u00eda hasta ahora. Dicho de otra manera, la regularizaci\u00f3n de la normativa anterior no eliminaba el delito fiscal sino s\u00f3lo la posibilidad de imponer una pena al defraudador. Con la nueva reforma, una vez completada la regularizaci\u00f3n, el delito mismo desaparece.<\/span><\/span><\/p>\n

          En definitiva, se endurece las condiciones de la regularizaci\u00f3n voluntaria al exigir el nuevo precepto la declaraci\u00f3n de ingreso de toda la deuda tributaria (cuota a ingresar, inter\u00e9s de demora, recargos por declaraci\u00f3n extempor\u00e1nea, recargos del per\u00edodo ejecutivo y recargos exigibles legalmente sobre las bases o las cuotas, a favor del Tesoro o de otros entes p\u00fablicos).<\/span><\/span><\/p>\n

          4.4.- LAS NUEVAS ATRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACI\u00d3N TRIBUTARIA: LA CONTINUACI\u00d3N DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA COBRAR LA DEUDA TRIBUTARIA. LA EJECUCI\u00d3N ADMINISTRATIVA.<\/b><\/span><\/span><\/p>\n

          El Art\u00edculo \u00danico. Modificaci\u00f3n de la Ley Org\u00e1nica 10\/1995, de 23 de noviembre, del C\u00f3digo Penal. Dos de la Ley Org\u00e1nica 7\/2012, de 27 de noviembre, redacta el art\u00edculo 305 en su punto 5, del siguiente modo: \u201c5.- Cuando la Administraci\u00f3n Tributaria apreciare indicios de haberse cometido un delito contra la Hacienda P\u00fablica, podr\u00e1 liquidar de forma separada, por una parte los conceptos y cuant\u00edas que se no se encuentren vinculados con el posible delito contra la Hacienda P\u00fablica, y por otra, los que se encuentren vinculados con el posible delito contra la Hacienda P\u00fablica.<\/i><\/span><\/span><\/p>\n

          La liquidaci\u00f3n indicada en primer lugar en el p\u00e1rrafo anterior seguir\u00e1 la tramitaci\u00f3n ordinaria y se sujetar\u00e1 al r\u00e9gimen de recursos propios de toda liquidaci\u00f3n tributaria. Y la liquidaci\u00f3n que en su caso derive de aquellos conceptos y cuant\u00edas que se encuentren vinculados con el posible delito contra la Hacienda P\u00fablica seguir\u00e1 la tramitaci\u00f3n que al efecto establezca la normativa tributaria, sin perjuicio de que finalmente se ajuste a lo que se decida en el proceso penal.<\/i><\/span><\/span><\/p>\n

          La existencia del procedimiento penal por el delito contra la Hacienda P\u00fablica no paralizar\u00e1 la acci\u00f3n de cobo de la deuda tributaria. Por parte de la Administraci\u00f3n Tributaria podr\u00e1n iniciarse las actuaciones dirigidas al cobro, salvo que el Juez, de oficio o a instancia de parte, hubiere acordado la suspensi\u00f3n de las actuaciones de ejecuci\u00f3n, previa prestaci\u00f3n de garant\u00eda. Si no se pudiese prestar garant\u00eda en todo o en parte, excepcionalmente el Juez podr\u00e1 acordar la suspensi\u00f3n con dispensa total o parcial de garant\u00edas si apreciar que la ejecuci\u00f3n pudiese ocasionar da\u00f1os irreparables o de muy dif\u00edcil reparaci\u00f3n.<\/i>\u201d.<\/span><\/span><\/p>\n

          <\/b>Se produce con la reforma un refuerzo de las prerrogativas de la Administraci\u00f3n Tributaria. Las medidas que se recogen est\u00e1n destinadas a aumentar el cobro de las cantidades defraudadas.<\/span><\/span><\/p>\n

          As\u00ed con la reforma se trata de \u201celiminar situaciones de privilegio y situar al presunto delincuente en la misma posici\u00f3n que cualquier otro deudor tributario\u201d. Y tambi\u00e9n \u201cse atiende a una exigencia del ordenamiento comunitario, ya que las autoridades comunitarias vienen reclamando a Espa\u00f1a una reforma de su sistema legal para que la existencia del proceso penal no paralice la acci\u00f3n de cobro de las deudas tributarias que constituyan recursos propios de la Uni\u00f3n Europea\u201d.<\/span><\/span><\/p>\n

          La nueva redacci\u00f3n legal dispone que la Administraci\u00f3n tributaria, adem\u00e1s de poder liquidar aquellos conceptos y cuant\u00edas que no se encuentren vinculados con un posible delito fiscal, podr\u00e1 liquidar de forma separada aquellos conceptos y cuant\u00edas que se encuentren vinculados con el posible delito contra la Hacienda P\u00fablica.<\/span><\/span><\/p>\n

          Esa liquidaci\u00f3n seguir\u00e1 la tramitaci\u00f3n que al efecto establezca la normativa tributaria (que deber\u00e1 desarrollarse), sin perjuicio de que finalmente se ajuste a lo que se decida en el proceso penal.<\/span><\/span><\/p>\n

          El procedimiento penal no paralizar\u00e1, en consecuencia, la acci\u00f3n de cobro de la deuda tributaria en v\u00eda administrativa por parte de la Agencia Estatal de Administraci\u00f3n Tributaria; ello, incrementa las posibilidades de cobro de la deuda tributaria impagada al evitar la paralizaci\u00f3n del procedimiento administrativo por el proceso penal.<\/span><\/span><\/p>\n

          Es decir, se dar\u00e1 la circunstancia de simultaneidad \u2013 en ocasiones \u2013 del procedimiento administrativo con el proceso penal.<\/span><\/span><\/p>\n

          S\u00f3lo, dos excepciones, recoge la norma a esta acci\u00f3n de cobro administrativa:<\/span><\/span><\/p>\n

          – Que el Juez hubiere acordado la suspensi\u00f3n de las actuaciones de ejecuci\u00f3n, previa prestaci\u00f3n de garant\u00eda; o<\/span><\/span><\/p>\n

          – Que el Juez acuerde la suspensi\u00f3n con dispensa total o parcial de garant\u00edas, cuando la ejecuci\u00f3n pudiese ocasionar da\u00f1os irreparables o de muy dif\u00edcil reparaci\u00f3n.<\/span><\/span><\/p>\n

          4.5.- LA DENUNCIA INMEDIATA. FAVORECE LA PERSECUCI\u00d3N DE LAS TRAMAS ORGANIZADAS DE FRAUDE FISCAL, ALCANZADA LA CANTIDAD M\u00cdNIMA DE DEFRAUDACI\u00d3N.<\/b><\/span><\/span><\/p>\n

          El Art\u00edculo \u00danico. Modificaci\u00f3n de la Ley Org\u00e1nica 10\/1995, de 23 de noviembre, del C\u00f3digo Penal. Dos de la Ley Org\u00e1nica 7\/2012, de 27 de noviembre, redacta el art\u00edculo 305 en su punto 2.a), del siguiente modo: \u201c2.- A los efectos de determinar la cuant\u00eda mencionada en el apartado anterior: a) Si se trata de tributos, retenciones, ingresos a cuenta o devoluciones, peri\u00f3dicas o de declaraci\u00f3n peri\u00f3dica, se estar\u00e1 a lo defraudado en cada per\u00edodo impositivo o declaraci\u00f3n, y si \u00e9stos son inferiores a doce meses, el importe de lo defraudado e referir\u00e1 al a\u00f1o natural. No obstante lo anterior, <\/i>en los casos en los que la defraudaci\u00f3n se lleve a cabo en el seno de una organizaci\u00f3n o grupo criminal, o por personas o entidades que act\u00faen bajo la apariencia de una actividad econ\u00f3mica real sin desarrollarla de forma efectiva, el delito ser\u00e1 perseguible desde el mismo momento en que se alcance la cantidad fijada en el apartado 1.<\/u><\/i>\u201d.<\/span><\/span><\/p>\n

          La nueva redacci\u00f3n favorece que en los casos en que la defraudaci\u00f3n se lleve a cabo en el seno de una organizaci\u00f3n o grupo criminal, o por personas o entidades que act\u00faen bajo la apariencia de una actividad econ\u00f3mica real sin desarrollarla de forma efectiva, el delito ser\u00e1 perseguible desde el mismo momento en que se alcance una cantidad elusiva del pago igual o superior a ciento veinte mil euros, sin necesidad de que expire el plazo voluntario de declaraci\u00f3n del tributo correspondiente.<\/span><\/span><\/p>\n

          Esta operaci\u00f3n se ve f\u00e1cilmente en los impuestos con per\u00edodos de liquidaci\u00f3n inferiores al a\u00f1o. En el Impuesto sobre el Valor A\u00f1adido, el Real Decreto 1624\/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del IVA (BOE de 31 de diciembre), recoge en su T\u00edtulo X.- Gesti\u00f3n del Impuesto, Cap\u00edtulo I.- Liquidaci\u00f3n y Recaudaci\u00f3n. Art\u00edculo 71.- Liquidaci\u00f3n del Impuesto. Normas Generales, lo siguiente: \u201c1.- Salvo lo establecido en relaci\u00f3n con las importaciones, los sujetos pasivos deber\u00e1n realizar por s\u00ed mismos la determinaci\u00f3n de la deuda tributaria mediante declaraciones \u2013 liquidaciones ajustadas a las normas contenidas en los apartados siguientes. Los empresarios y profesionales deber\u00e1n presentar las declaraciones \u2013 liquidaciones peri\u00f3dicas a que se refieren los apartados 3 y 4 de este art\u00edculo, as\u00ed como la declaraci\u00f3n resumen anual prevista en el apartado 6, incluso en los casos en que no existan cuotas devengadas ni se practique deducci\u00f3n de cuotas soportadas o satisfechas. 3.-<\/i>El per\u00edodo de liquidaci\u00f3n coincidir\u00e1 con el trimestre natural.<\/u><\/i> No obstante, dicho per\u00edodo de liquidaci\u00f3n coincidir\u00e1 con el mes natural, cuando se trate de los empresarios o profesionales que a continuaci\u00f3n se relacionan: (\u2026)4.- <\/i>La declaraci\u00f3n \u2013 liquidaci\u00f3n deber\u00e1 <\/u><\/i>cumplimentarse y ajustarse al modelo que, para cada supuesto, determine el Ministerio de Hacienda<\/i> y presentarse durante los veinte d\u00edas primeros naturales del mes siguiente al correspondiente per\u00edodo de liquidaci\u00f3n mensual o trimestral, seg\u00fan proceda (\u2026).<\/u><\/i>\u201d.<\/span><\/span><\/p>\n

          Como puede comprobarse en el procedimiento ordinario la declaraci\u00f3n resumen anual es la que regulariza el a\u00f1o completo; sin embargo, la modificaci\u00f3n propuesta en esta reforma permite que en casos de tramas agresivas de defraudaci\u00f3n de IVA realizadas por grupos o entes criminales sea perseguible si se formaliza una declaraci\u00f3n fraudulenta en un trimestre y supera los ciento veinte mil euros, sin necesidad de esperar a que finalice el per\u00edodo voluntario de declaraci\u00f3n del tributo. En definitiva, no ser\u00e1 necesario esperar a que transcurra todo el a\u00f1o para poder denunciar y anticipar la acci\u00f3n penal.<\/span><\/span><\/p>\n

          Esta \u201cperseguibilidad\u201d de la trama criminal podr\u00eda verse favorecida, adem\u00e1s, por la \u201cdenuncia\u201d de otros part\u00edcipes en el delito distintos del obligado tributario o del autor de delito, ya que si colaboran activamente en la obtenci\u00f3n de pruebas decisivas para la identificaci\u00f3n o captura de otros responsables, para el completo esclarecimiento de los hechos delictivos o para la averiguaci\u00f3n del patrimonio del obligado tributario o de otros responsables del delito les ser\u00e1 de aplicaci\u00f3n la regresi\u00f3n en uno o dos grados que contempla la nueva redacci\u00f3n del art\u00edculo 305.6 del C\u00f3digo Penal.<\/span><\/span><\/p>\n

          5.- BREVE COMENTARIO DEL ART\u00cdCULO 310 BIS DEL C\u00d3DIGO PENAL.<\/b><\/span><\/span><\/p>\n

          El Art\u00edculo \u00danico. Modificaci\u00f3n de la Ley Org\u00e1nica 10\/1995, de 23 de noviembre, del C\u00f3digo Penal. Nueve de la Ley Org\u00e1nica 7\/2012, de 27 de noviembre, redacta el art\u00edculo 310 bis del siguiente modo: \u201cArt\u00edculo 310 bis:<\/i><\/span><\/span><\/p>\n

          Cuando de acuerdo a lo establecido en el art\u00edculo 31 bis una persona jur\u00eddica sea responsable de los delitos recogidos en \u00e9ste T\u00edtulo se le impondr\u00e1n las siguientes penas:<\/i><\/span><\/span><\/p>\n

          a) Multa del tanto al doble de la cantidad defraudada o indebidamente obtenida, si el delito cometido por la persona f\u00edsica tiene prevista una pena de prisi\u00f3n de mas de dos a\u00f1os.<\/i><\/span><\/span><\/p>\n

          b) Multa del doble al cu\u00e1druple de la cantidad defraudada o indebidamente obtenida, si el delito cometido por la persona f\u00edsica tiene prevista una pena de prisi\u00f3n de mas de cinco a\u00f1os.<\/i><\/span><\/span><\/p>\n

          c) Multa de seis meses a un a\u00f1o, en los supuestos recogidos en el art\u00edculo 310.<\/i><\/span><\/span><\/p>\n

          Adem\u00e1s de las se\u00f1aladas, se impondr\u00e1 a la persona jur\u00eddica responsable la p\u00e9rdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas p\u00fablicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el per\u00edodo de tres a seis a\u00f1os. Podr\u00e1 imponerse la prohibici\u00f3n para contratar con las Administraciones P\u00fablicas.<\/i><\/span><\/span><\/p>\n

          Atendidas las reglas establecidas en el art\u00edculo 66 bis, los Jueces y Tribunales podr\u00e1n asimismo imponer las penas recogidas en las letras b), c) d), e) y g) del apartado 7 del art\u00edculo 33.<\/i>\u201d.<\/span><\/span><\/p>\n

          El referido art\u00edculo 310 bis fue a\u00f1adido por la Ley Org\u00e1nica 5\/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Org\u00e1nica 10\/1995, de 23 de noviembre, del C\u00f3digo Penal y modificado por la actual reforma efectuada en la Ley Org\u00e1nica 7\/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Org\u00e1nica 10\/1995, de 23 de noviembre, del C\u00f3digo Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social.<\/span><\/span><\/p>\n

          Se modifica el art\u00edculo 310 bis del C\u00f3digo Penal debido a la necesidad de armonizar la penalidad impuesta a las personas jur\u00eddicas responsables de los delitos contra la Hacienda P\u00fablica, con la ya prevista para las personas f\u00edsicas responsables de los mismos delitos, de suerte que, de un lado, se introduce en la letra b) la pena de multa del doble al cu\u00e1druple en los supuestos agravados cuya regulaci\u00f3n se propone en el nuevo art\u00edculo 305 bis y, de otro lado, se a\u00f1ade un segundo p\u00e1rrafo en el que se prev\u00e9 la imposici\u00f3n a las personas jur\u00eddicas responsables de estos delito de las penas que la letra f) del apartado 7 del art\u00edculo 33 prev\u00e9 con car\u00e1cter general y que ya el apartado 1 del art\u00edculo 305 impone para las personas f\u00edsicas. \u201cArt\u00edculo 33.1.- En funci\u00f3n de su naturaleza y duraci\u00f3n, las penas se clasifican en graves, menos graves y leves.(\u2026) 7.- Las penas aplicables a las personas jur\u00eddicas, que tienen todas la consideraci\u00f3n de graves, son las siguientes: (\u2026) f) Inhabilitaci\u00f3n para obtener subvenciones y ayudas p\u00fablicas, para contratar con el sector p\u00fablico y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por un plazo que no podr\u00e1 exceder de quince a\u00f1os\u201d.<\/i><\/span><\/span><\/p>\n

          6.- CONCLUSIONES.<\/b><\/span><\/span><\/p>\n

          1.- Se modifica la regulaci\u00f3n de la responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas con la finalidad de incluir a partidos pol\u00edticos y sindicatos dentro del r\u00e9gimen general de responsabilidad, suprimiendo la referencia a los mismos que hasta ahora se conten\u00eda en la excepci\u00f3n regulada en el apartado 5 del art\u00edculo 31 bis del C\u00f3digo Penal, de tal forma que la nueva regulaci\u00f3n del citado art\u00edculo<\/span><\/span><\/p>\n

          2.- La nueva configuraci\u00f3n legal de la regularizaci\u00f3n tributaria, hace desaparecer el injusto derivado del inicial incumplimiento de la obligaci\u00f3n tributaria y as\u00ed lo refleja la nueva redacci\u00f3n del tipo delictivo que anuda a ese retorno a la legalidad la desaparici\u00f3n del reproche penal. La regularizaci\u00f3n, pues, pasa a ser un elemento del delito y no s\u00f3lo una causa de exclusi\u00f3n de la pena (antes de la reforma, la regularizaci\u00f3n no eliminaba el delito fiscal sino la posibilidad de imponer una pena al defraudador; con la nueva reforma el delito desaparece). La consecuencia mas inmediata ser\u00e1 la imposibilidad de perseguir \u2013 una vez, efectuada la regularizaci\u00f3n \u2013 las irregularidades contables u otras falsedades instrumentales \u2013 como remarca el propio articulado del art\u00edculo 305.6 del C\u00f3digo Penal -. Sin embargo, esta regularizaci\u00f3n ser\u00eda aplicable autom\u00e1ticamente al posible delito de blanqueo de capitales, al no existir el delito fiscal previo. <\/span><\/span><\/p>\n

          3.- La Administraci\u00f3n podr\u00e1 continuar con el procedimiento administrativo de cobro de la deuda tributaria pese a la pendencia del proceso penal. El procedimiento administrativo ser\u00e1 compatible con el proceso judicial, de tal manera que la Agencia Tributaria podr\u00e1 continuar el procedimiento administrativo de cobro de la deuda tributaria de forma simult\u00e1nea a la del proceso penal, liquidar y recaudar en v\u00eda administrativa, a resultas de lo que determine finalmente la autoridad judicial. Lo que subyace en este nuevo apartado de la reforma, en mi opini\u00f3n, es incrementar las posibilidades de cobro de la deuda tributaria impagada evitando la paralizaci\u00f3n del procedimiento administrativo por el proceso penal.<\/span><\/span><\/p>\n

          4.- Se produce un endurecimiento de la lucha contra el fraude, iniciada con la Ley 7\/2012, de 29 de octubre (Ley 7\/2012, de 29 de octubre, de modificaci\u00f3n de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuaci\u00f3n de la normativa financiera para la intensificaci\u00f3n de las actuaciones en la prevenci\u00f3n y lucha contra el fraude fiscal \u2013 Bolet\u00edn Oficial del Estado, numero 261, de 30 de octubre), dentro de los delitos contra la Hacienda P\u00fablica, con el nuevo tipo agravado en el art\u00edculo 305 bis para tipificar las <\/span><\/span><\/p>\n

          conductas de mayor gravedad o de mayor complejidad en su descubrimiento, que se sancionan con una pena m\u00e1xima de seis a\u00f1os, lo que por aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 131 del C\u00f3digo Penal, llevar\u00eda aparejado el aumento del plazo de prescripci\u00f3n a diez a\u00f1os para dificultar la impunidad de estas conductas graves por el paso del tiempo.<\/span><\/span><\/p>\n

          5.-Se establece la posibilidad (obligado tributario, autor del delito y otros participes) de obtener una regresi\u00f3n de uno o dos grados de la pena a condici\u00f3n de satisfacer la deuda tributaria. Por tanto, habr\u00e1 que entender que s\u00f3lo se obtiene la atenuante si antes de que transcurran dos meses desde la citaci\u00f3n judicial como imputado, satisface la deuda tributaria y reconoce judicialmente los hechos. Es especifica para este delito y coincide con la atenuante no espec\u00edfica el art\u00edculo 21 del C\u00f3digo Penal.<\/span><\/span><\/p>\n

          6.- Se facilita la persecuci\u00f3n de las tramas organizadas de fraude fiscal permitiendo la denuncia inmediata una vez alcanzada la cantidad m\u00ednima de defraudaci\u00f3n. El delito ser\u00e1 perseguible desde el mismo momento en que se alcance una cantidad elusiva del pago igual o superior a ciento veinte mil euros, sin necesidad de que expire el plazo voluntario de declaraci\u00f3n del tributo correspondiente<\/span><\/span><\/p>\n

          7.- No obstante, la nueva regulaci\u00f3n del delito fiscal, en mi opini\u00f3n, supone un trato mas favorable al defraudador si \u00e9ste reconoce los hechos y paga lo que no pag\u00f3 en su d\u00eda, dado que la reforma establece que los Jueces y Tribunales pueden imponer al autor del delito la pena inferior en uno o dos grados, siempre que transcurran dos meses desde la citaci\u00f3n judicial como \u201cimputado\u201d. Obs\u00e9rvese que la citaci\u00f3n judicial se refiere al concepto \u201cimputado\u201d y pueden transcurrir varios meses desde el inicio de la instrucci\u00f3n para que el Juez dicte Auto por el que se \u201cimpute\u201d al defraudador, por lo que el plazo de dos meses que recoge la norma en la pr\u00e1ctica puede verse ampliado, permitiendo la continuaci\u00f3n de la \u201cexcusa absolutoria\u201d.<\/span><\/span><\/p>\n

          8.- Se pierde en la actual reforma la oportunidad de luchar contra el fraude fiscal y se prima (como dice la Organizaci\u00f3n Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado) el objetivo de recaudaci\u00f3n tributaria, ya que la \u201cexcusa absolutoria\u201d anula el endurecimiento de las penas en el supuesto de condena.<\/span><\/span><\/p>\n

          7.- REDACCI\u00d3N COMPARATIVA DE LOS ART\u00cdCULOS 305, 305 BIS, 306, 309, 310 Y 310 BIS.<\/b><\/span><\/span><\/p>\n

          Ley Org\u00e1nica 7\/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Org\u00e1nica 10\/1995, de 23 de noviembre, del C\u00f3digo Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social.<\/span><\/span><\/p>\n

          \u201cT\u00cdTULO XIV.- De los delitos contra la Hacienda P\u00fablica y contra la Seguridad Social<\/span><\/span><\/p>\n

          Art\u00edculo 305<\/u>:<\/span><\/span><\/p>\n

          1.- El que, por acci\u00f3n u omisi\u00f3n, defraude a la Hacienda P\u00fablica estatal, auton\u00f3mica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresar en cuenta obteni\u00e9ndose indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuant\u00eda de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de ciento veinte mil euros ser\u00e1 castigado con la pena de prisi\u00f3n de uno a cinco a\u00f1os y multa del tanto al s\u00e9xtuplo de la citada cuant\u00eda, salvo que hubiere regularizado su situaci\u00f3n tributaria en los t\u00e9rminos del apartado 4 del presente art\u00edculo.<\/span><\/span><\/p>\n

          La mera presentaci\u00f3n de declaraciones o autoliquidaciones no excluye la defraudaci\u00f3n cuando \u00e9sta se acredite por otros hechos.<\/span><\/span><\/p>\n

          Adem\u00e1s de las penas se\u00f1aladas, se impondr\u00e1 a los responsables la p\u00e9rdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas p\u00fablicas y del derecho a gozar de los beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el per\u00edodo de tres a seis a\u00f1os. (redacci\u00f3n actual vigente operada por la Ley Org\u00e1nica 7\/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Org\u00e1nica 10\/1995, de 23 de noviembre, del C\u00f3digo Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social<\/i>).<\/span><\/span><\/p>\n

          1.- El que, por acci\u00f3n u omisi\u00f3n, defraude a la Hacienda P\u00fablica estatal, auton\u00f3mica, foral o local, eludiendo el pago de tributo, cantidades retenidas o que se hubieren debido retener o ingresos a cuenta de retribuciones en especie obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuant\u00eda de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de ciento veinte mil euros, ser\u00e1 castigado con la pena de prisi\u00f3n de uno a cinco a\u00f1os y multa del tanto al s\u00e9xtuplo del a citada cuant\u00eda. (redacci\u00f3n Ley Org\u00e1nica 5\/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Org\u00e1nica 10\/1995, de 23 de noviembre, del C\u00f3digo Penal \u2013 BOE n \u00ba 152, de 23.06.2010).<\/i><\/span><\/span><\/p>\n

          Las penas se\u00f1aladas en el p\u00e1rrafo anterior se aplicar\u00e1n en su mitad superior cuando la defraudaci\u00f3n se cometiere incurriendo alguna de las circunstancias siguientes:<\/span><\/span><\/p>\n

          a) La utilizaci\u00f3n de personas o personas interpuestas de manera que quede oculta la identidad del verdadero obligado tributario.<\/span><\/span><\/p>\n

          b) La especial trascendencia y gravedad de la defraudaci\u00f3n atendiendo al importe de lo defraudado o a l existencia de una estructura organizativa que afecte o pueda afectar a una pluralidad de obligados tributarios.<\/span><\/span><\/p>\n

          Adem\u00e1s de las penas se\u00f1aladas, se impondr\u00e1 al responsable la p\u00e9rdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas p\u00fablicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un per\u00edodo de tres a seis a\u00f1os. (redacci\u00f3n Ley Org\u00e1nica 15\/2003, de 26 de noviembre, por la que se modifica la Ley Org\u00e1nica,. 10\/1995, de 23 de noviembre, del C\u00f3digo Penal \u2013 BOE n \u00ba 283, de 26.11.2003).<\/i><\/span><\/span><\/p>\n

          2.- A los efectos de determinar la cuant\u00eda mencionada en el apartado anterior:<\/span><\/span><\/p>\n

          a) Si se trata de tributos, retenciones, ingresos a cuenta o devoluciones, peri\u00f3dicas o de declaraci\u00f3n peri\u00f3dica, se estar\u00e1 a lo defraudado en cada per\u00edodo impositivo o declaraci\u00f3n, y si \u00e9stos son inferiores a doce meses, el importe de lo defraudado e referir\u00e1 al a\u00f1o natural. No obstante lo anterior, en los casos en los que la defraudaci\u00f3n se lleve a cabo en el seno de una organizaci\u00f3n o grupo criminal, o por personas o entidades que act\u00faen bajo la apariencia de una actividad econ\u00f3mica real sin desarrollarla de forma efectiva, el delito ser\u00e1 perseguible desde el mismo momento en que se alcance la cantidad fijada en el apartado 1.<\/span><\/span><\/p>\n

          b) En los dem\u00e1s supuestos, la cuant\u00eda se entender\u00e1 referida a cada uno de los distintos conceptos por los que un hecho imponible sea susceptible de liquidaci\u00f3n. (redacci\u00f3n actual vigente operada por la Ley Org\u00e1nica 7\/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Org\u00e1nica 10\/1995, de 23 de noviembre, del C\u00f3digo Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social<\/i>).<\/span><\/span><\/p>\n

          2.- A los efectos de determinar la cuant\u00eda mencionada en el apartado anterior, si se trata de tributos, retenciones, ingresos a cuenta o devoluciones, peri\u00f3dicos o de declaraci\u00f3n peri\u00f3dica, se estar\u00e1 a lo defraudado en cada per\u00edodo impositivo o de declaraci\u00f3n, y si \u00e9stos son inferiores a doce meses, el importe de lo defraudado se referir\u00e1 al a\u00f1o natural. En los dem\u00e1s supuestos, la cuant\u00eda se entender\u00e1 referida a cada uno de los distintos conceptos por los que un hecho imponible sea susceptible de liquidaci\u00f3n. (redacci\u00f3n Ley Org\u00e1nica 10\/1995, de 23 de noviembre, del C\u00f3digo Penal \u2013 BOE n \u00ba 281, de 24.11.1995).<\/i><\/span><\/span><\/p>\n

          3.- Las mismas penas se impondr\u00e1n cuando las conductas descrita en el apartado 1 de este art\u00edculo se cometan contra la Hacienda de la Uni\u00f3n Europea, siempre que la cuant\u00eda defraudada excediera de cincuenta mil euros en el plazo de un a\u00f1o natural. No obstante lo anterior, en los casos en los que la defraudaci\u00f3n se lleve a cabo en el seno de una organizaci\u00f3n o grupo criminal, o por personas o entidades que act\u00faen bajo la apariencia de<\/span><\/span><\/p>\n

          una actividad econ\u00f3mica real sin desarrollarla de forma efectiva, el delito ser\u00e1 perseguible desde el mismo momento en que se alcance la cantidad fijada en este apartado. <\/span><\/span><\/p>\n

          Si la cuant\u00eda defraudada no superase los cincuenta mil euros, pero excediere de cuatro mil, se impondr\u00e1 una pena de prisi\u00f3n de tres meses a un a\u00f1o o multa del tanto al triplo de la citada cuant\u00eda y la p\u00e9rdida de a posibilidad de obtener subvenciones o ayudas p\u00fablicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el per\u00edodo de seis meses a dos a\u00f1os. (redacci\u00f3n actual vigente operada por la Ley Org\u00e1nica 7\/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Org\u00e1nica 10\/1995, de 23 de noviembre, del C\u00f3digo Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social<\/i>).<\/span><\/span><\/p>\n

          3.- Las mismas penas se impondr\u00e1n cuando las conductas descritas en el apartado 1 de este art\u00edculo se comentan contra la Hacienda de la Comunidad Europea, siempre que la cuant\u00eda defraudada excediere de 50.000 euros. (redacci\u00f3n Ley Org\u00e1nica 15\/2003, de 26 de noviembre, por la que se modifica la Ley Org\u00e1nica,. 10\/1995, de 23 de noviembre, del C\u00f3digo Penal \u2013 BOE n \u00ba 283, de 26.11.2003).<\/i><\/span><\/span><\/p>\n

          4.- Se considerar\u00e1 regularizada la situaci\u00f3n tributaria cuando se haya procedido por el obligado tributario al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, antes de que por la Administraci\u00f3n Tributaria se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobaci\u00f3n o investigaci\u00f3n tendentes a la determinaci\u00f3n de las deudas tributarias objeto de la regularizaci\u00f3n o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado el representante procesal de la Administraci\u00f3n auton\u00f3mica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aqu\u00e9l dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucci\u00f3n realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciaci\u00f3n de diligencias.<\/span><\/span><\/p>\n

          Asimismo, los efectos de la regularizaci\u00f3n prevista en el p\u00e1rrafo anterior resultar\u00e1n aplicables cuando se satisfagan deudas tributarias una vez prescrito el derecho de la Administraci\u00f3n a su determinaci\u00f3n en v\u00eda administrativa.<\/span><\/span><\/p>\n

          La regularizaci\u00f3n por el obligado tributario de su situaci\u00f3n tributaria impedir\u00e1 que se le persiga por las posibles irregularidades contables u otras falsedades instrumentales que, exclusivamente en relaci\u00f3n a la deuda tributaria objeto de regularizaci\u00f3n, el mismo pudiera haber cometido con car\u00e1cter previo a la regularizaci\u00f3n de su situaci\u00f3n tributaria. (redacci\u00f3n actual vigente operada por la Ley Org\u00e1nica 7\/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Org\u00e1nica 10\/1995, de 23 de noviembre, del C\u00f3digo Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social<\/i>).<\/span><\/span><\/p>\n

          4.- Quedar\u00e1 exento de responsabilidad penal el que regularice su situaci\u00f3n tributaria, en relaci\u00f3n con las deudas a que se refiere el apartado primero de este art\u00edculo, antes de que se le haya notificado por la Administraci\u00f3n Tributaria la iniciaci\u00f3n de actuaciones de comprobaci\u00f3n tendentes a la determinaci\u00f3n de las deudas tributarias objeto de regularizaci\u00f3n, o en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administraci\u00f3n Auton\u00f3mica, Foral o Local de que se trate interponga querella o denuncia contra aqu\u00e9l dirigida, o cuando el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucci\u00f3n realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciaci\u00f3n de diligencias.<\/span><\/span><\/p>\n

          La exenci\u00f3n de responsabilidad penal contemplada en el p\u00e1rrafo anterior alcanzar\u00e1 igualmente a dicho sujeto por las posibles irregularidades contables u otras falsedades instrumentales que, exclusivamente en relaci\u00f3n a la deuda tributaria objeto de regularizaci\u00f3n, el mismo pudiera haber cometido con car\u00e1cter previo a la regularizaci\u00f3n de su situaci\u00f3n tributaria. (redacci\u00f3n Ley Org\u00e1nica 10\/1995, de 23 de noviembre, del C\u00f3digo Penal \u2013 BOE n \u00ba 281, de 24.11.1995)<\/i><\/span><\/span><\/p>\n

          5.- Cuando la Administraci\u00f3n Tributaria apreciare indicios de haberse cometido un delito contra la Hacienda P\u00fablica, podr\u00e1 liquidar de forma separada, por una parte los conceptos y cuant\u00edas que se no se encuentren vinculados con el posible delito contra la Hacienda P\u00fablica, y por otra, los que se encuentren vinculados con el posible delito contra la Hacienda P\u00fablica.<\/span><\/span><\/p>\n

          La liquidaci\u00f3n indicada en primer lugar en el p\u00e1rrafo anterior seguir\u00e1 la tramitaci\u00f3n ordinaria y se sujetar\u00e1 al r\u00e9gimen de recursos propios de toda liquidaci\u00f3n tributaria. Y la liquidaci\u00f3n que en su caso derive de aquellos conceptos y cuant\u00edas que se encuentren vinculados con el posible delito contra la Hacienda P\u00fablica seguir\u00e1 la tramitaci\u00f3n que al efecto establezca la normativa tributaria, sin perjuicio de que finalmente se ajuste a lo que se decida en el proceso penal.<\/span><\/span><\/p>\n

          La existencia del procedimiento penal por el delito contra la Hacienda P\u00fablica no paralizar\u00e1 la acci\u00f3n de cobo de la deuda tributaria. Por parte de la Administraci\u00f3n Tributaria podr\u00e1n iniciarse las actuaciones dirigidas al cobro, salvo que el Juez, de oficio o a instancia de parte, hubiere acordado la suspensi\u00f3n de las actuaciones de ejecuci\u00f3n, previa prestaci\u00f3n de garant\u00eda. Si no se pudiese prestar garant\u00eda en todo o en parte, excepcionalmente el Juez podr\u00e1 acordar la suspensi\u00f3n con dispensa total o parcial de garant\u00edas si apreciar que la ejecuci\u00f3n pudiese ocasionar da\u00f1os irreparables o de muy dif\u00edcil reparaci\u00f3n. (redacci\u00f3n actual vigente operada por la Ley Org\u00e1nica 7\/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Org\u00e1nica 10\/1995, de 23 de noviembre, del C\u00f3digo Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social<\/i>).<\/span><\/span><\/p>\n

          5.- En los procedimientos por el delito contemplado en este art\u00edculo, la pena de multa y la responsabilidad civil, que comprender\u00e1 el importe de la deuda tributaria que la Administraci\u00f3n Tributaria no haya podido liquidar por prescripci\u00f3n u otra causa legal en los t\u00e9rminos previstos en la Ley General Tributaria, incluidos sus intereses de demora, los jueces y tribunales recabar\u00e1n el auxilio de los servicios de la Administraci\u00f3n Tributaria que las exigir\u00e1 por el procedimiento administrativo de apremio en los t\u00e9rminos establecidos en la citada Ley. (a\u00f1adido por la Ley Org\u00e1nica 5\/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Org\u00e1nica 10\/1995, de 23 de noviembre, del C\u00f3digo Penal \u2013 BOE n \u00ba 153, de 23.06.2010)<\/i><\/span><\/span><\/p>\n

          6.- Los Jueces y Tribunales podr\u00e1n imponer al obligado tributario o al autor del delito la pena inferior en uno o dos grados, siempre que, antes de que transcurran dos meses desde la citaci\u00f3n judicial como imputado satisfaga la deuda tributaria y reconozca judicialmente los hechos. Lo anterior ser\u00e1 igualmente aplicable respecto de otros part\u00edcipes en el delito distintos del obligado tributario o del autor del delito, cuando colaboren activamente para la obtenci\u00f3n de pruebas decisivas para la identificaci\u00f3n y o captura de otros responsables, para el completo esclarecimiento de los hechos delictivos o para la averiguaci\u00f3n del patrimonio del obligado tributario o de otros responsables del delito.<\/span><\/span><\/p>\n

          7.- En los procedimientos por el delito contemplado en este art\u00edculo para la ejecuci\u00f3n de la pena de multa y la de responsabilidad civil, que comprender\u00e1 el importe de la deuda tributaria que la Administraci\u00f3n Tributaria no haya liquidado por prescripci\u00f3n u otra causa legal en los t\u00e9rminos previstos en la Ley 58\/2003, General Tributaria, de 17 de diciembre, incluidos sus intereses de demora, los Jueces y los Tribunales recabar\u00e1n el auxilio de los servicios de la Administraci\u00f3n Tributaria que las exigir\u00e1 por el procedimiento administrativo de apremio en lo t\u00e9rminos establecidos en la citada Ley.<\/span><\/span><\/p>\n

          Art\u00edculo 305 bis<\/u>:<\/span><\/span><\/p>\n

          1.- El delito contra la Hacienda P\u00fablica ser\u00e1 castigado con la pena de prisi\u00f3n de dos a seis a\u00f1os y multa del doble al s\u00e9xtuplo de la cuota defraudada cuando la defraudaci\u00f3n se cometiere concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:<\/span><\/span><\/p>\n

          a) Que la cuant\u00eda de la cuota defraudada exceda de seiscientos mil euros.<\/span><\/span><\/p>\n

          b) Que la defraudaci\u00f3n se haya cometido en el se\u00f1o de una organizaci\u00f3n o de un grupo criminal.<\/span><\/span><\/p>\n

          c) Que la utilizaci\u00f3n de personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas o entes sin personalidad jur\u00eddica interpuestos, negocios o instrumentos fiduciarios o para\u00edsos fiscales o territorios de nula tributaci\u00f3n oculte o dificulte la determinaci\u00f3n de la identidad del obligado tributario o del responsable del delito, la determinaci\u00f3n de la cuant\u00eda defraudada o del patrimonio del obligado tributario o del responsable del delito.<\/span><\/span><\/p>\n

          2.- A los supuestos descritos en el presente art\u00edculo le ser\u00e1n de aplicaci\u00f3n todas las restantes previsiones contenidas en el art\u00edculo 305.<\/span><\/span><\/p>\n

          En estos casos, adem\u00e1s de las penas se\u00f1aladas, se impondr\u00e1 al responsable la p\u00e9rdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas p\u00fablicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el per\u00edodo de cuatro a ocho a\u00f1os. (a\u00f1adido operado por la Ley Org\u00e1nica 7\/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Org\u00e1nica 10\/1995, de 23 de noviembre, del C\u00f3digo Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social<\/i>).<\/span><\/span><\/p>\n

          Art\u00edculo 306<\/u>:<\/span><\/span><\/p>\n

          El que por acci\u00f3n u omisi\u00f3n defraude a los presupuestos generales de la Uni\u00f3n Europea u otros administrados por \u00e9sta, en cuant\u00eda superior a cincuenta mil euros, eludiendo, fuera de los casos contemplados en el apartado 3 del art\u00edculo 305, el pago de cantidades que se deban ingresa, dando a los fondos obtenidos una aplicaci\u00f3n distinta de aquella a que estuvieren destinados u obteniendo indebidamente fondos falseando las condiciones requeridas para su concesi\u00f3n u ocultando las que la hubieren impedido, ser\u00e1 castigado con la pena de prisi\u00f3n de uno a cinco a\u00f1os y multa del tanto al s\u00e9xtuplo de la citada cuant\u00eda.<\/span><\/span><\/p>\n

          Si la cuant\u00eda defraudada o aplicada indebidamente no superarse los cincuenta mil euros, pero excediese de cuatro mil, se impondr\u00e1 una pena de prisi\u00f3n de tres meses a un a\u00f1o o multa del tanto al triplo de la citada cuant\u00eda y la p\u00e9rdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas p\u00fablicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el per\u00edodo de seis meses a dos a\u00f1os. (redacci\u00f3n vigente operada por la Ley Org\u00e1nica 7\/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Org\u00e1nica 10\/1995, de 23 de noviembre, del C\u00f3digo Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social<\/i>).<\/span><\/span><\/p>\n

          El que por acci\u00f3n u omisi\u00f3n defraude a los presupuestos generales de la Uni\u00f3n Europea u otros administrados por \u00e9sta, en cuant\u00eda superior a cincuenta mil euros, eludiendo el pago de cantidades que se deban ingresar, o dando a los fondos obtenidos una aplicaci\u00f3n distinta de aquella a que estuvieren destinados, ser\u00e1 castigado con la pena de prisi\u00f3n de uno a cinco a\u00f1os y multa del tanto al s\u00e9xtuplo de la citada cuant\u00eda. (modificado por la Ley Org\u00e1nica 5\/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Org\u00e1nica 10\/1995, de 23 de noviembre, del C\u00f3digo Penal \u2013 BOE n \u00ba 153, de 23.06.2010)<\/i><\/span><\/span><\/p>\n

          Art\u00edculo 309<\/u>:<\/span><\/span><\/p>\n

          Derogado por la actual reforma operada por la Ley Org\u00e1nica 7\/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Org\u00e1nica 10\/1995, de 23 de noviembre, del C\u00f3digo Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social.<\/span><\/span><\/p>\n

          Art\u00edculo 310<\/u>:<\/span><\/span><\/p>\n

          Ser\u00e1 castigado con la pena de prisi\u00f3n de cinco a siete meses el que estando obligado por ley tributaria a llevar contabilidad mercantil, libros o registros fiscales:<\/span><\/span><\/p>\n

          a) Incumpla absolutamente dicha obligaci\u00f3n en r\u00e9gimen de estimaci\u00f3n directa de bases tributarias.<\/span><\/span><\/p>\n

          b) Lleve contabilidades distintas que, referidas a una misma actividad y ejercicio econ\u00f3mico, oculte o simulen la verdadera situaci\u00f3n de la empresa.<\/span><\/span><\/p>\n

          c) No hubiere anotado en los libros obligatorios negocios, actos, operaciones o, en general, transacciones econ\u00f3micas, o los hubiere anotado con cifras distintas a las verdaderas.<\/span><\/span><\/p>\n

          d) Hubiere practicado en los libros obligatorios anotaciones contables ficticias.<\/span><\/span><\/p>\n

          La consideraci\u00f3n como delito de los supuestos de hecho, a que se refieren letras c) y d) anteriores, requerir\u00e1 que se hayan omitido las declaraciones tributarias o que las presentadas fueren reflejo de su falsa contabilidad y que la cuant\u00eda, en m\u00e1s o menos, de los cargos o abonos omitidos, o falseados exceda, sin compensaci\u00f3n aritm\u00e9tica entre ellos, de 240.000 euros por cada ejercicio econ\u00f3mico. (redacci\u00f3n Ley Org\u00e1nica 15\/2003, de 26 de noviembre, por la que se modifica la Ley Org\u00e1nica,. 10\/1995, de 23 de noviembre, del C\u00f3digo Penal \u2013 BOE n \u00ba 283, de 26.11.2003).<\/i><\/span><\/span><\/p>\n

          Ser\u00e1 castigado con la pena de arresto de siete a quince fines de semana y multa de tres a diez meses al que estando obligado por la Ley tributaria a llevar contabilidad mercantil, libros o registros fiscales:<\/span><\/span><\/p>\n

          a) Incumpla absolutamente dicha obligaci\u00f3n en r\u00e9gimen de estimaci\u00f3n directa de bases tributarias.<\/span><\/span><\/p>\n

          b) Lleve contabilidades distintas que, referidas a una misma actividad y ejercicio econ\u00f3mico, oculten o simulen la verdadera situaci\u00f3n de la empresa.<\/span><\/span><\/p>\n

          c) No hubiere anotado en los libros obligatorios negocios, actos, operaciones o, en general, transacciones econ\u00f3micas, o los hubiere anotado con cifras distintas a las verdaderas.<\/span><\/span><\/p>\n

          d) Hubiere practicado en los libros obligatorios anotaciones econ\u00f3micas ficticias.<\/span><\/span><\/p>\n

          La consideraci\u00f3n como delito de los supuestos de hecho, a que se refieren las letras c) y d) anteriores, requerir\u00e1 que se hayan omitido las declaraciones tributarias o que las presentadas fueren reflejo de su falsa contabilidad y que la cuant\u00eda, en m\u00e1s o menos, de los cargos o abonos omitidos o <\/span><\/span><\/p>\n

          falseados exceda, sin compensaci\u00f3n aritm\u00e9tica, entre ellos, de treinta millones de pesetas para cada ejercicio econ\u00f3mico. (redacci\u00f3n Ley Org\u00e1nica 10\/1995, de 23 de noviembre, del C\u00f3digo Penal \u2013 BOE n \u00ba 281, de 24.11.1995).<\/i><\/span><\/span><\/p>\n

          Art\u00edculo 310 bis<\/u>:<\/span><\/span><\/p>\n

          Cuando de acuerdo a lo establecido en el art\u00edculo 31 bis una persona jur\u00eddica sea responsable de los delitos recogidos en \u00e9ste T\u00edtulo se le impondr\u00e1n las siguientes penas:<\/span><\/span><\/p>\n

          a) Multa del tanto al doble de la cantidad defraudada o indebidamente obtenida, si el delito cometido por la persona f\u00edsica tiene prevista una pena de prisi\u00f3n de mas de dos a\u00f1os.<\/span><\/span><\/p>\n

          b) Multa del doble al cu\u00e1druple de la cantidad defraudada o indebidamente obtenida, si el delito cometido por la persona f\u00edsica tiene prevista una pena de prisi\u00f3n de mas de cinco a\u00f1os.<\/span><\/span><\/p>\n

          c) Multa de seis meses a un a\u00f1o, en los supuestos recogidos en el art\u00edculo 310.<\/span><\/span><\/p>\n

          Adem\u00e1s de las se\u00f1aladas, se impondr\u00e1 a la persona jur\u00eddica responsable la p\u00e9rdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas p\u00fablicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el per\u00edodo de tres a seis a\u00f1os. Podr\u00e1 imponerse la prohibici\u00f3n para contratar con las Administraciones P\u00fablicas.<\/span><\/span><\/p>\n

          Atendidas las reglas establecidas en el art\u00edculo 66 bis, los Jueces y Tribunales podr\u00e1n asimismo imponer las penas recogidas en las letras b), c) d), e) y g) del apartado 7 del art\u00edculo 33. (redacci\u00f3n vigente operada por la Ley Org\u00e1nica 7\/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Org\u00e1nica 10\/1995, de 23 de noviembre, del C\u00f3digo Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social<\/i>).<\/span><\/span><\/p>\n

          Cuando de acuerdo a lo establecido en el art\u00edculo 31 bis una persona jur\u00eddica sea responsable de los delitos recogidos en este T\u00edtulo, se le impondr\u00e1n las siguientes penas:<\/span><\/span><\/p>\n

          a) Multa del doble al cu\u00e1druple de la cantidad defraudada o indebidamente obtenida, si el delito cometido por la persona f\u00edsica tiene prevista una pena de prisi\u00f3n de m\u00e1s de dos a\u00f1os.<\/span><\/span><\/p>\n

          b) Multa de seis meses a un a\u00f1o, en los supuestos recogidos en el art\u00edculo 310.<\/span><\/span><\/p>\n

          Atendidas las reglas establecidas en el art\u00edculo 66 bis, los Jueces y Tribunales podr\u00e1n asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado del art\u00edculo 33. (a\u00f1adido por la Ley Org\u00e1nica 5\/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Org\u00e1nica 10\/1995, de 23 de noviembre, del C\u00f3digo Penal \u2013 BOE n \u00ba 153, de 23.06.2010)<\/i><\/span><\/span><\/p>\n

          8.- BIBLIOGRAF\u00cdA.<\/b><\/span><\/span><\/p>\n

          – ARTACHO, D. \u201cMas poder recaudatorio para la Hacienda P\u00fablica con la nueva regulaci\u00f3n de los delitos fiscales\u201d.<\/span><\/span><\/p>\n

          – AYALA G\u00d3MEZ, I. \u201cEl delito de defraudaci\u00f3n tributaria\u201d.<\/span><\/span><\/p>\n

          – BAZA DE LA FUENTE, MAR\u00cdA LOURDES. \u201cEl delito fiscal: Particular referencia al art\u00edculo 305 del C\u00f3digo Penal\u201d.<\/span><\/span><\/p>\n

          – CASADO HERRERO, D. \u201cPol\u00edtica criminal del delito fiscal\u201d.<\/span><\/span><\/p>\n

          – CEREZO MIR, JOS\u00c9. \u201cCurso de derecho penal espa\u00f1ol\u201d.<\/span><\/span><\/p>\n

          – CUELLO CAL\u00d3N, EUGENIO \u201cTratado de Derecho Penal\u201d.<\/span><\/span><\/p>\n

          – DEL ROSAL, JUAN. \u201cCosas del derecho penal\u201d.<\/span><\/span><\/p>\n

          – DESPACHO P\u00c9REZ-LLORCA. \u201cClaves de la reforma del C\u00f3digo Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal\u201d.<\/span><\/span><\/p>\n

          – D\u00cdAZ VALCARCEL, LUIS M. \u201cLa revisi\u00f3n del C\u00f3digo Penal y otras leyes penales\u201d.<\/span><\/span><\/p>\n

          – HIGUERA GUIMERA, J.F. \u201cLas excusas absolutorias\u201d.<\/span><\/span><\/p>\n

          – JORDANA DE POZAS Y GONZ\u00c1BEZ, L. \u201cLos delitos contra la Hacienda P\u00fablica\u201d.<\/span><\/span><\/p>\n

          – MART\u00cdNEZ-BUJ\u00c1N P\u00c9REZ, C. \u201cLos delitos contra la Hacienda P\u00fablica y la Seguridad Social.<\/span><\/span><\/p>\n

          – MART\u00cdNEZ L\u00d3PEZ HEREDIA, G. \u201cLa reforma del delito fiscal operada por la Ley Org\u00e1nica 7\/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Org\u00e1nica 10\/1995, de 23 de noviembre, del C\u00f3digo Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social\u201d.<\/span><\/span><\/p>\n

          – MART\u00cdNEZ P\u00c9REZ, C. \u201cEl delito de defraudaci\u00f3n tributaria.<\/span><\/span><\/p>\n

          – MINISTERIO DE HACIENDA. \u201cPuntualizaciones sobre la informaci\u00f3n de El Confidencial relativa a \u201cEspa\u00f1a relaj\u00f3 las sanciones penales por evasi\u00f3n fiscal tras la amnist\u00eda\u201d.<\/span><\/span><\/p>\n

          – MU\u00d1OZ CONDE, F. \u201cDerecho penal Parte especial\u201d.<\/span><\/span><\/p>\n

          -ORGANIZACI\u00d3N PROFESIONAL DE INSPECTORES DE HACIENDA DEL ESTADO. \u201cProblemas de la Agencia Tributaria en la lucha contra del fraude fiscal.<\/span><\/span><\/p>\n

          – PEREZ ROYO, F. La represi\u00f3n del fraude tributario y el nuevo delito fiscal.<\/span><\/span><\/p>\n

          – QUERALT, JOAN J. \u201cC\u00f3digo Penal\u201d. <\/span><\/span><\/p>\n

          – RODRIGUEZ MOURULLO, G. \u201cEl nuevo delito fiscal\u201d.<\/span><\/span><\/p>\n

          – SERRANO RODRIGUEZ, MANUEL. \u201cEstudios penales\u201d.<\/span><\/span><\/p>\n

          Redactado, en junio de 2.013.<\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

          1.- INTRODUCCI\u00d3N. En primer lugar, el presente trabajo tiene por objeto el estudio y an\u00e1lisis del art\u00edculo 305 modificado y art\u00edculo 305 bis a\u00f1adido, de la Ley Org\u00e1nica 7\/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Org\u00e1nica 10\/1995, de 23 de noviembre, del C\u00f3digo Penal en materia de transparencia y lucha…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[55],"tags":[65],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/simancas-aa.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/527"}],"collection":[{"href":"https:\/\/simancas-aa.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/simancas-aa.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/simancas-aa.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/simancas-aa.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=527"}],"version-history":[{"count":11,"href":"https:\/\/simancas-aa.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/527\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6140,"href":"https:\/\/simancas-aa.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/527\/revisions\/6140"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/simancas-aa.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=527"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/simancas-aa.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=527"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/simancas-aa.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=527"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}